NADESKA NORIEGA ÁVILA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Catia La Mar.- Yamilet Albornoz recuerda claramente cómo recibió el año 2000 desde el Poliedro de Caracas. Su casa ubicada en el barrio Ezequiel Zamora en Catia La Mar, en el margen de la quebrada Tacagua, había sido arrasada. Según esta joven madre, por dos años soportó "el peloteo" de autoridades, quienes prometieron una vivienda digna. Tras la espera tomó la decisión de regresar a su casa devastada e intentar arreglarla. Sin embargo, las últimas lluvias le han recordado que esa zona es de alto riesgo. Es por ello que asegura no saldrá del apartamento que invadió desde el pasado lunes, junto a otros 300 vecinos, en la Urb. Martín Vega.

"De aquí salgo a otra casa o apartamento. Y si no, será presa, porque ni las balas nos van a amedrentar", dice la decidida mujer, rodeada de otras tomistas, quienes por cuarto día se mantienen a la espera de una oferta escrita de Minvivienda. "No creemos en más promesas", asegura la miembro del Consejo Comunal de La Ceiba, Ingrid Lango.

Ayer, representantes de Corpovargas, ediles y el secretario del gobierno regional, Arnaldo Moscoso, se presentaron de nuevo en los edificios, comprometiéndose a gestionar ante el ente ministerial la asignación de soluciones a las familias invasoras. A pesar del compromiso de los líderes tomistas de desalojar luego que se efectúe un censo, muchos decidieron quedarse hasta obtener una respuesta formal.

Ni siquiera la actuación de Polivargas, el cual intentó reprimir a los invasores, obtuvo resultados. Según el comisario Fernando Torres Laguado, comandante del cuerpo, desde los edificios los ocupantes dispararon a los uniformados, afortunadamente, sin ningún tipo de consecuencias.

El diálogo entre tomistas y autoridades permitió el acceso de agua y comida, especialmente para atender a la población infantil, pero un cordón de seguridad impide el acceso a nuevos ocupantes.

El complejo consta de 7 edificios con 30 apartamentos, para un total de 210 viviendas, preadjudicados a familias afectadas por la canalización de las cuencas Piedra Azul, Quebrada Seca, Tacagua y San Julián. Invasores reclaman que sean asignados a barrios cercanos.