La primera discusión sobre el proyecto de Reforma Constitucional, presentado por Hugo Chávez, realizada en la Asamblea Nacional, me causó una dolorosa impresión. Ver en el siglo XXI, después de cuarenta años de democracia, repetir el vergonzoso papel de los diputados de los congresos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez me ratificó la crisis moral que vive Venezuela. Las manos alzadas, la aprobación por unanimidad sin mayor discusión de  la Reforma Constitucional, las loas al "líder máximo de la revolución", los interminables aplausos fueron signos de indiscutible decadencia política. La actuación de la diputada Cilia Flores, al ordenar al Consejo Nacional Electoral preparar el Referendo Aprobatorio de la Reforma Constitucional, sin ni siquiera haberla aprobada y su decisión de que el proyecto se vote en bloque ratifica la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y su total subordinación a la voluntad de Hugo Chávez.

Para colmo, el tan cacareado parlamentarismo de calle fracasó estruendosamente en la reunión realizada en el Teatro Teresa Carreño. La presencia de Willliam Ojeda y su valiente actuación demostró que esas reuniones son exclusivamente de simpatizantes del régimen, con oradores escogidos previamente. Es verdad que Hugo Chávez nos tiene acostumbrado a imponer sus ideas, sin importarle la manera de pensar de los amplios sectores sociales que no respaldan su proyecto político. Así lo hizo en la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El método electoral impidió que existiera una justa representación de las minorías, perdiéndose de esta manera la posibilidad de lograr un necesario y suficiente consenso político para la aprobación de la actual Constitución Nacional. Esa fue una de las causas del estallido popular del 11 de abril de 2002, de la renuncia de Hugo Chávez y del intento de golpe de Estado.

El proyecto de Reforma Constitucional es absolutamente injustificado. La Constitución de 1999 sólo tiene ocho años de haber sido aprobada, y no ha desarrollado todavía las correspondientes leyes orgánicas requeridas para su aplicación. Los  objetivos de esta reforma son claros: establecer la reelección indefinida del presidente de la República, concentrar el máximo poder en el Ejecutivo Nacional e imponer a troche y moche un nuevo sistema económico y social. Las importantes transformaciones que se proponen sobrepasan el sentido de lo que es una Reforma Constitucional. El artículo 342 de la Constitución vigente establece que una reforma no debe "modificar su estructura y principios fundamentales". Hugo Chávez el domingo pasado quiso defenderse de la acusación de fraude constitucional que han hecho distintos juristas, aduciendo que la reforma no modifica ninguno de estos aspectos.  Eso es totalmente falso.

 El artículo 2 de la Constitución vigente establece "que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico  y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". En distintos artículos de la reforma se establece que el Estado será socialista. Así lo dicen, por ejemplo, los artículos 16 y 112 al afirmar que: "las comunas… constituirán el núcleo espacial básico e indivisible del Estado socialista venezolano"; "…asimismo fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social… creando las mejores condiciones  para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista". Al hacerlo se modifica la definición planteada en el artículo 2: no es lo mismo un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que un Estado socialista. También se vulnera el concepto de pluralismo político.

Este problema es de fondo. El fraude constitucional planteado por Hugo Chávez irrumpe el Estado de Derecho y crea condiciones de ilegitimidad e ilegalidad en el ejercicio del poder que puede justificar la aplicación por cualquier ciudadano del artículo 350 de la constitución vigente que dice: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos". El abuso de poder provoca la violencia. No es suficiente para evitar una crisis política amenazar a los venezolanos, como lo hace Hugo Chávez, con la ya fantasiosa frase: "la revolución es  pacífica, pero armada". Justamente, esas armas fueron las que lo derrocaron el 11 de abril de 2002 y lo impusieron, de nuevo, en el poder al día siguiente. Repetir errores en política es un pecado mortal. A veces, los resultados pueden ser  diferentes.

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