JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

El actual mandato del presidente Hugo Chávez no concluirá el 10 de enero de 2013, sino de 2014, de ser aprobado el proyecto de reforma constitucional que éste presentó el miércoles a la Asamblea Nacional. La razón: El aumento, de seis a siete años, del período presidencial que propone el jefe del Estado entrará en vigencia tan pronto como sea aprobada la modificación al texto fundamental.

Así lo aseguró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, quien al ser interrogada sobre cuándo comenzará a regir el septenio, en el supuesto de que la propuesta sea acogida, señaló: "La aplicación sería inmediata".

"Creo que es un tema prematuro de establecer. Hay que esperar a que se debata en la Asamblea Nacional, pues en las disposiciones transitorias se pueden establecer algunas condiciones sobre la aplicabilidad (de la eventual modificación al artículo 230). Sin embargo, siendo un tema constitucional indudablemente que entra en vigencia inmediatamente", agregó, luego de participar en un foro para aspirantes a jueces agrarios, hecho ayer en el auditorio del máximo juzgado del país.

Señaló que la sentencia del TSJ, que en 2001 le otorgó al mandatario seis meses adicionales en su primer sexenio; así como la enmienda número 2 de la derogada Carta Magna de 1961, la cual redujo en un mes el mandato al entonces presidente Luis Herrera Campíns (1979-1984), son precedentes que permitirían justificar la prolongación de la estancia de Chávez en el palacio de Miraflores, sin necesidad de convocar nuevas elecciones.

Morales, quien también preside la Sala Constitucional, recordó que será la instancia que interpreta la Carta Magna la que en último término dilucidará el asunto, siempre y cuando alguien se lo solicite.

De aprobarse la extensión del mandato y de resultar reelecto por segunda vez en 2013, el mandatario gobernará hasta el año 2021, lo cual ha sido su aspiración desde que se alzó con la Primera Magistratura en 1998.

Revisión limitada La magistrada aseveró que los diputados de la Asamblea Nacional no están facultados para realizar ninguna modificación distinta a las que 33 que planteó el jefe del Estado, salvo que alguno de los cambios contenidos en el proyecto de reforma altere otras normas.

"La reforma fue planteada por el Presidente, por lo tanto es lo que presentó el Presidente lo que debe ser estudiado (...) Si (algún artículo) tuviese conexión con los que se van a reformar, entonces por técnica legislativa deberían adecuarse, porque no puede haber artículos contradictorios", afirmó, al ser consultada sobre la posibilidad de que el Parlamento cambie alguna de las normas referidas a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

Quejas luego del referendo La presidenta del TSJ dejó en claro que la Sala Constitucional no tramitará ninguna acción relacionada con las modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no hayan sido aprobadas por los ciudadanos en el referendo.

"Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", precisó.

Por último, garantizó que si detectan cualquier concepto que vaya en contra del espíritu del texto aprobado en diciembre de 1999, lo anularán, aun cuando hubiere sido respaldado por la mayoría de los electores. "El control jurisdiccional y de la constitucionalidad lo ejerce el Poder Judicial", recordó.