Caracas.- Tanto representantes del Estado venezolano como los abogados de la organización de Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (VIVE) expusieron hoy su visión sobre los hechos del 11 de abril de 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

El agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, también mostró su visión sobre lo que ocurrió hace cinco años en las cercanías del Palacio de Miraflores y los hechos violentos de ese año.

El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el pasado 23 de octubre de 2006 la denuncia que los integrantes de VIVE, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Antonio Rosich y Mohamad Merhi, interpusieron contra Venezuela "por vulnerar las garantías fundamentales a la vida, integridad personal, reunión y a la libre circulación".

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Romero explicó que el objeto de su petición era "determinar la responsabilidad del Estado en lo que respecta a los hechos ocurridos el 11 de abril. El objeto es determinar la responsabilidad de los 7 asesinados que representamos, los 4 heridos y determinar la verdad objetiva de los 19 muertos y más de 150 heridos de ese día".

Contextualizó que el 11 de abril se originó por una crisis política que se intensificó "en virtud de la destitución de los directivos de Petróleos de Venezuela que se encontraban manifestando" esos días.

Se enfocó en detallar el aspecto geográfico en el que se desarrollaron los acontecimientos, además de la ubicación de los cuerpos de seguridad y de las personas fallecidas. "La marcha opositora partió de Altamira, llegó a las inmediaciones de la empresa petrolera y continuó 11 kilómetros hasta el centro de Caracas, en las cercanías del Palacio de Miraflores".

Mostró imágenes de la movilización y del alcalde metropolitano, Juan Barreto, invitando a la gente al palacio a "defeder la revolución".

Agregó que "no se ha encontrado una mínima evidencia de personas armadas en la marcha opositora".

Detalló que algunos efectivos de la Guardia Nacional sí dispararon ese día. "Si acaso se ha dicho que la Policía Metropolitana fue la que disparó, entonces la Guardia Nacional es responsable también por los disparos que asesinaron a las personas del oficialismo".

Gonzalo Himiob estableció las "responsabilidades jurídicas del Estado" y la conclusión de la presentación.

"El Estado venezolano es responsable de los lamentables sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Es responsable de las violaciones al derecho a la vida y de violaciones al derecho a la integridad, física, psíquica, y moral de las personas, además de violaciones al derecho de acceso a la justicia y a las debidas garantías procesales".

También acusó al Estado de omisión, y para sustentar esta afirmación partió de dos premisas: no ha cumplido con los deberes que le impone la Convención ni la Constitución Venezolana de proteger a la ciudadanía de eventuales ataques contra cualquiera de sus derechos; y no ha investigado de manera objetiva, expedita e imparcial los hechos.

En cuanto a la responsabilidad activa, asegura que "el Estado creó fuentes de riesgo que condujeron a la muerte y a la lesión de personas. El Estado planificó todas las acciones que acabamos de ver y preparó los escenarios de crisis, crisis necesaria, como lo llamó el presidente Chávez, que produjeron las manifestaciones públicas".

Las pruebas de ello es que desde el 17 de diciembre de 2001 el mandatario nacional "creó los denominados círculos bolivarianos que en algunos de sus segmentos violentos atribuyó la responsabilidad directa de defender la revolución", aseguró.

"El propio presidente Chávez ya lo vimos en un video, confesó haber promovido una situación de crisis a través del despido de forma burlesca de la plana de Pdvsa".

El abogado reclamó que no se haya condenado a "nadie" por los sucesos de abril.

Presunta emboscada

Saltrón abogó en defensa de la posición mantenida hasta ahora por el gobierno nacional y atribuyó las muertes ocurridas en 11 de abril en las adyacencias de la avenida Baralt, El Silencio y el Palacio de Miraflores a funcionarios de la Policía Metropolitana, entonces comandada por los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, así como por el secretario de seguridad de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis.

Mostró fotografías según las cuales habría presuntos miembros de la PM disparando armas de guerra en las zonas mencionadas y portando guantes quirúrgicos para evitar rastros de pólvora en sus manos y posteriores imputaciones.

"Esto fue algo preparado milimétricamente. Las grabaciones de la PM -el sistema de comunicación de la PM se graba, existe un control master donde se graba- bueno, esas grabaciones desaparecieron, ahí donde aparecen las órdenes que daban cada uno de los comisarios de lo que tenían que hacer los policías", acusó Saltrón.

El representante del Estado defendió igualmente la aplicación del controvertido Plan Ávila y aseguró que de haberse puesto en marcha este operativo no habría ocurrido "el desastre" que se presentó el 11 de abril de 2002.

Señaló al ex general Manuel Rosendo -entonces jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan)- de haber desatendido las órdenes de dar inicio al Plan Ávila y lo acusó de ser uno de los "cabecillas" del presunto golpe de Estado en contra de Hugo Chávez.

Para concluir su intervención, Saltrón pidió a la CIDH analizar el caso con "imparcialidad".

Iralis Fragiel / Karina Arteaga
eluniversal.com