JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

"Las demandas y denuncias están siendo utilizadas como mecanismos para hostigar a la comunicación". Esa es la conclusión a la que arribó Espacio Público, organización que contabilizó la apertura de 63 procesos judiciales contra periodistas en los últimos cinco años.

En rueda de prensa realizada ayer en el hotel President, en Caracas, el coordinador de la agrupación no gubernamental, Carlos Correa, ofreció los resultados del estudio El peso de las palabras: Procesos penales a periodistas en Venezuela de 2002 a 2006, el cual reveló que cada año se abren 12,6 averiguaciones, investigaciones o juicios contra comunicadores en el país, la mayoría de los cuales "están asociados a denuncias por difamación y/o injuria intentados por funcionarios públicos".

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Tras informar que Distrito Capital, Táchira y Aragua son las entidades donde más causas hay abiertas contra trabajadores de los medios, informó que en el último año comenzaron a producirse las decisiones sancionatorias.

"En 2006 la directora de El Siglo (Ada Mireya Zurita) fue condenada por supuestamente difamar a un funcionario policial. La misma suerte corrieron Ibéyise Pacheco (ex columnista del diario El Nacional), Henry Crespo (columnista del semanario Las Verdades de Miguel) y Julio Balza (El Nuevo País), quienes también fueron demandados por el mismo delito", recordó.

Seguidamente aseguró que los afectados por estos fallos podrían recurrir ante los organismos internacionales para denunciar su situación. La razón: fueron castigados por un delito que fue proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El vocero de Espacio Público también denunció que buena parte de los procesos abiertos se mantienen así "innecesariamente", bien sea "porque la solución es contraria a determinado interés o porque hay un retraso".

Advirtió que de mantenerse esta tendencia los periodistas no serán los únicos afectados, sino la colectividad, pues no recibirá toda la información que se produzca en el país.

La explicación se encuentra en el resumen ejecutivo del estudio, donde se advierte: "El riesgo de incurrir en la autocensura propia o inducida está ahora con una presencia muy superior que en otras épocas, pues (los comunicadores) están más conscientes de que representan un blanco vulnerable frente a las represalias de los funcionarios que utilizan los recursos establecidos en el Código Penal".

Aunque sin mencionarlos, criticó a aquellos propietarios y editores de medios que no apoyan a sus periodistas y que inclusive los despiden cuando son demandados.

Por último, denunció que la inmensa mayoría de los casos relacionados con la muerte de comunicadores se encuentran en la Fiscalía prácticamente paralizados y que todavía se desconoce a los autores de tales crímenes.