MARÍA DANIELA ESPINOZA
EL UNIVERSAL

La posibilidad de derribar aviones no identificados que violen el espacio aéreo venezolano y se nieguen a aterrizar constituye uno de los "avances más importantes" del proyecto de Ley de Control del Espacio Aéreo, que elaboró una comisión legislativa del Ministerio de la Defensa y que está incluido en el paquete Habilitante.

El diputado Juan Mendoza, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, aseguró que la legislación actual no permite al Gobierno adoptar esta medida, a diferencia de Estados Unidos, Colombia, Perú y la Unión Europea.

"No es que vamos a derribar aeronaves enemigas, si son enemigas las derribaremos con o sin ley (...) pero en materia de aeronáutica civil, cuando un avión no identificado y que presumimos por razones de inteligencia trae droga, no lo podemos derribar, prácticamente pasa por nuestro territorio de una manera libre. Nuestra legislación ya avanzada nos permitirá obligarlos a aterrizar o hacer uso de la fuerza legítima que le corresponde al Estado", explicó el parlamentario.

Para ello, el Ejecutivo nacional, a través de Minfra y el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) avanza en la ejecución del proyecto de Modernización de Aeropuertos y Gestión de Tránsito Aéreo, cuyo costo es de 220 millones de dólares y contempla, entre otros equipos, la adquisición de 10 radares de factura italiana, que estarán a cargo del INAC, y tres de tecnología china bajo el control de la Aviación militar.

En el caso de los primeros, ya comenzó su instalación. Se trata de cinco estaciones de radares primarios para el Control de Aproximación, localizadas en la base aérea El Libertador, en Maracay; Barcelona, Margarita, Barquisimeto y Maracaibo; dos estaciones de radares para control de rutas ubicados en Puerto Ordaz y Puerto Ayacucho; y tres estaciones de radares secundarios en el páramo La Negra, Mérida; San Carlos de Río Negro y Santa Elena de Uairén.

De los tres radares tridimensionales de largo alcance JYL-1 que controlará la Fuerza Aérea, llegó el primero al país. Fue exhibido durante el acto protocolar de ascensos de generales y almirantes en Fuerte Tiuna. El objetivo final es que ambos sistemas estén interconectados para mantener un control del espacio aéreo y marítimo del país, "incluyendo la plataforma continental".

"Esperamos que para el año que viene estén en completo funcionamiento", acotó Mendoza, tras destacar que "por primera vez en la historia republicana, hay voluntad política en el Gobierno para darles seguridad a los espacios aéreos, dado que heredamos de la IV República un desbalance en cuanto a información aeronáutica".

Los diputados se reunieron a finales de junio con el INAC a fin de conocer los avances en materia de control aeronáutico.

Evaluación de la Reserva
La Comisión de Defensa, junto a los grupos parlamentarios de cada estado, realizarán una gira por todo el país para "evaluar el cumplimiento de las metas en cuanto a la constitución de la Reserva Nacional". Comenzarán por Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, para seguir con el resto de los estados. A juicio de Mendoza, la Reserva debería ser un componente de la FAN y no su "complemento". "Yo estaría de acuerdo con que la Reserva Nacional fuese un componente más de la FAN, porque lo tiene bien merecido y es el pueblo organizado en armas", dijo.