Caracas, domingo 08 de julio, 2007
Sucesos


Bandas se dedican al alquiler de armas

Fuentes policiales aseguran que 50% de los delitos se cometen con armas rentadas

LAURA DÁVILA TRUELO

EL UNIVERSAL

A principios de esta semana los guardaespaldas de uno de los ministros del Poder Popular se dieron cuenta de que en uno de sus rústicos faltaba una subametralladora P-90. Ninguno de los miembros del equipo de seguridad pudo decir cuándo fue la última vez que la vieron. Ahora saben que fue hurtada.

Fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que solicitaron mantener su nombre en reserva, explicaron que, tal como el caso del ministro, cada día decenas de armas son robadas y van a dar a un mercado secundario, del cual se alimentan los grupos delictivos.

El ex director de la PTJ (hoy Cicpc), Pablo Elisio Guzmán, explica que las fuentes principales de las que se nutre ese mercado de armas es del robo y hurto de éstas a vigilantes de empresas de seguridad, a funcionarios policiales y militares, además de los hurtos residenciales, comerciales y a vehículos en los que el dueño tiene armas para protección.

Además, Guzmán asegura que "a lo largo de la cadena de custodia a veces se pierden las armas; lo ideal es que se destruyan todas las que son decomisadas".

Pero aclara que también están las asignaciones a los "amigos" de directivos o miembros de un ente oficial. "Estas personas muchas veces no las saben usar, y en otros casos ese armamento termina incurso en delito".

Las que "trabajan" en la calle

Según las fuentes del Cicpc hay grupos, principalmente en zonas como Petare, 23 de Enero, Altavista, La Pastora, El Cementerio y Pinto Salinas, entre otras, en las que se alquilan armas, cuyo costo por día va de 30 a 100 mil bolívares. Incluso los efectivos han detenido a personas que rentan armas largas.

Los dueños de estos arsenales ilícitos cuentan en ocasiones hasta con cinco pistolas que ponen a "trabajar" en las calles.

Este mercado es usado por delincuentes que, a falta de un arma propia para cometer los delitos, se surten hasta que consiguen pagarse una pistola propia.

Los funcionarios explican que las asociaciones de bandas se suelen iniciar por la posesión de armas, porque en los grupos delictivos, no todos tienen pistolas.

Según los efectivos, el negocio armamentista también genera sus muertos: Si un sujeto no paga el día, permite que le decomisen la pistola o niega que sacó ganancias de algún golpe, está generando una rencilla cuyo desenlace más probable es el ajuste de cuentas.

Las fuentes del organismo científico aseguran que más del 50% de los delitos cometidos en Caracas se ejecutan con armas alquiladas o del líder de la organización delictiva, que gana un porcentaje por prestarlas.

El exdirector de la PTJ explica que "siempre ha habido armas alquiladas, pero nunca antes había un boom de crímenes como el de este momento. Y es que ahora hay muchos dispuestos a alquilar una pistola para el delito, y faltan políticas serias para reprimirlos".

Sin plan de desarme

Guzmán dice que está situación afecta a todos, incluso al posible diseño de un plan de desarme, que se suele hacer ofreciendo una cantidad de dinero por la entrega de las armas.

Pero en Venezuela el comisario comenta que los precios del mercado negro son elevados, así que si el Estado ofrece dinero por ellas, no podría alcanzar el valor al que un delincuente las puede vender en el mercado paralelo, y muchos menos si sacan ganancias alquilándola.

Por dice que "hay que ir a buscarlas donde están", es decir, en las zonas populares, "donde todo el mundo sabe quien es el que esta armado". En su experiencia, cree que deberían organizar brigadas para recuperarlas.

Lo peor, afirma, es hacer lo que se ha hecho en el país, que es quitarle las armas a los que están más a la mano, es decir a quienes tenían un porte legal o a funcionarios retirados. "Eso tiene un efecto terrible, porque las posibles víctimas están desarmadas y los asaltantes lo saben. El ciudadano se encuentra inerme porque el delincuente sí tiene su pistola".

Los funcionarios activos del Cicpc coinciden en que se requiere voluntad política para afrontar el problema, pues como dice Guzmán, "los revólveres no matan gente, tiene que haber un hombre detrás de ellos. Lo que hay que evitar es que lleguen adonde no deben".