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Activados referendos a seis alcaldes

186 mil personas acudieron a firmar durante los tres días del proceso

Lucena anunció la firma de un acuerdo de cooperación con la Universidad de Fribourg (Suiza) (CORTESíA)
EUGENIO G. MARTÍNEZ |  DIARIO
miércoles 20 de junio de 2007  12:00 AM

EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL

Develado el misterio. A la recolección de firmas celebrada los días 16, 17 y 18 de junio para validar la activación de 167 referendos revocatorios acudieron 186.008 electores.

¿Qué se logró con su participación? Concluida la totalización de las firmas el CNE anunció la activación de los referendos revocatorios de seis alcaldes y una diputada al Consejo Legislativo del estado Amazonas.

¿Cuánto se gastó en el proceso? Aunque la presidenta del CNE prefiere no hablar de gastos sino de "inversión para la democracia", técnicos de la Junta Nacional Electoral indican que se cancelaron -aproximadamente- 150 mil bolívares a cada uno de los 5.559 agentes de recolección de firmas y una suma similar a cada uno de los 3.664 operadores de máquinas captahuellas; lo que supondría que el CNE invirtió 1.339.950 bolívares en la movilización de per- sonal.

A estos gastos se deben sumar los costos -no disponibles hasta la fecha- del financiamiento del Plan República y la campaña publicitaria.

Si se suma la cantidad de electores inscritos en los 180 municipios en donde se recogieron firmas se obtiene que un máximo de 10.235.085 personas podrían acudir a firmar durante la recolección de firmas.

No obstante, si se calcula sólo 20% de los electores necesarios por cada municipio para activar los 167 referendos revocatorios de mandatos, sólo hubiese sido necesario el concurso de 2.049.476 personas para que se activaran.

Aunque podían acudir 10 millones de personas y sólo lo hicieron 186 mil, Lucena rechaza que se hable de abstención.

"El proceso de recepción de manifestaciones de voluntad no puede compararse con una elección -argumenta la presidenta-, pues son dos figuras totalmente distintas"

Lucena también respondió a las críticas de la organización Ciudadanía Activa, que acusa a los rectores de "matar a los referendos", o de los alcaldes Henrique Capriles Radonski y Freddy Bernal que criticaron las condiciones exigidas por el CNE para admitir referendos.

"El rol constitucional del CNE era el de fungir como administrador y facilitador del proceso", argumenta la presidenta del Poder Electoral, al tiempo que recuerda que la promoción del evento "le correspondía a los promotores de las solicitudes de referendo".

No obstante, los rectores reconocen que el proceso tuvo fallas. "Hemos tenido una reunión del Consejo de todos los rectores -explicó Lucena- y hemos acordado que también nos corresponde hacer un proceso de análisis y evaluación profunda de cómo pudiera ser la recepción de manifestaciones de voluntad y qué podemos mejorar".

Para mejorar es prioritaria la Ley de Referendos -el Parlamento tiene una mora de seis años en esta materia-, por esta razón los rectores comenzarán a evaluar qué se puede incluir en este instrumento legal.

"Nosotros vamos a estar articulando lo que sería la Ley de Referendos, y esta reciente experiencia nos va a ayudar a regular muchos de los aspectos que fueron detectados -sugiere Lucena- como por ejemplo establecer la capacidad de convocatoria que tiene la organización que solicita el referendo, así como su capacidad de financiamiento, entre otros tópicos, todo será plasmado en el instrumento legal que se redacte".

Aunque los magistrados del TSJ no han respondido el recurso de nulidad presentado por el partido PPT en contra de estos referendos -por su cercanía con las elecciones del año pasado- ni se ha pronunciado sobre el recurso de interpretación del CNE que solicitó aclarar cómo proceder en caso que algún alcalde sea revocado -"¿quién lo sustituye? y ¿cómo"? son las interrogantes sin una respuesta clara-, Lucena anunció que en el mes de octubre se realizará el referendo de los alcaldes de los municipios Atures (estado Amazonas), Rómulo Gallegos y Anzoátegui (Cojedes), Sucre (Falcón), Pedro Gual (Miranda) San Rafael de Onoto (Portuguesa) y la diputada Ligia Pulgar (Amazonas).

emartinez@eluniversal.com

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