ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el venezolano Ignacio Álvarez, expresó su preocupación por la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión y advirtió que los venezolanos dejarán de tener acceso a un canal de alcance nacional que mantiene una línea editorial independiente, abierto a las críticas.

Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal y Master en Derecho Internacional, Álvarez manifestó igualmente que con la decisión se envía un mensaje según el cual, a larga, les va mejor a los medios que no asumen posiciones críticas.

Álvarez, quien ha desempeñado labores de protección de los derechos humanos, se ha concentrado en el tema de la libertad de expresión y es Relator Especial de la CIDH desde 2006, respondió, vía Internet, a preguntas sobre el caso RCTV.

-A su juicio, ¿viola el derecho a la libertad de expresión la no renovación de la concesión a RCTV?

-Desde la perspectiva del Derecho Internacional, comenzaría por destacar que forma parte de la soberanía de los Estados la administración del espectro radioeléctrico, lo que incluye otorgar concesiones, determinar sus plazos y decidir luego si renovarlas o no. Ahora bien, también forma parte de la soberanía la ratificación por los Estados de los tratados internacionales de derechos humanos. Ese es también un acto soberano, a través de los cuales los Estados se comprometen voluntariamente a respetar y garantizar derechos humanos. En ejercicio de esa soberanía, Venezuela ratificó en 1977 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se comprometió así a respetar y a garantizar a las personas bajo su jurisdicción los derechos humanos allí consagrados, uno de los cuales es el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

-¿Qué obligaciones en materia de otorgamiento de concesiones asumió Venezuela al ratificar tal tratado?

-Conforme al artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que constituye una interpretación autorizada de la Convención Americana, no se debe utilizar el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión como mecanismo para presionar, castigar o premiar a los periodistas y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Entre otras obligaciones se encuentran también la de no discriminar, y las relacionadas con el derecho al debido proceso y con el recurso a un recurso judicial efectivo ante tribunales independientes e imparciales.

-¿Quién puede determinar si un Estado ha violado esos derechos?

-En primer término esa determinación corresponde a los tribunales nacionales y, de manera subsidiaria, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos pueden tener competencia para ello, dependiendo de las circunstancias específicas del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos creados por los Estados miembros de la OEA y los propios Estados les encargaron determinar si en casos específicos han o no violado, por ejemplo, los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como establecer las reparaciones pertinentes en los casos en que haya habido violaciones.

-¿Cómo funciona esa determinación de responsabilidad internacional?

-A través de un proceso internacional, en donde tanto los denunciantes como el Estado presentan sus alegatos y pruebas. En el proceso se determina tanto sobre la competencia como sobre la admisibilidad y sobre el fondo. De manera que la mera interposición de una denuncia internacional no implica una condena al Estado denunciado. Hay muchos casos a los cuales no se les da trámite por no reunir los requisitos mínimos, y otros en los que luego de escuchar los alegatos y pruebas de los Estados se concluye que son inadmisibles o que no hubo violación. Al mismo tiempo, hay muchos casos en donde se determina que sí hubo responsabilidad internacional del Estado, y se ordenan las reparaciones a que haya lugar.

-¿Hay decisiones previas en el sistema interamericano respecto a otros casos de no renovación de concesiones de televisión?

-No los hay.

-¿Y el caso Baruch Ivcher?

-Los hechos de ese caso no se referían a la no renovación de una concesión, sino a la privación al señor Ivcher, por parte del gobierno de Alberto Fujimori, del control accionario y editorial de una compañía concesionaria de un canal de televisión en Perú. Es decir, el canal siguió funcionando, pero se apartó al señor Ivcher.

-¿En que terminó ese caso?

-La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se habían violado al señor Ivcher el derecho a la libertad de expresión y otros derechos y ordenó, entre otros aspectos, que se le restituyera en el control accionario y editorial del canal. Perú cumplió con la restitución ordenada.

-¿Que opinión le merece la decisión del Gobierno de no renovar la concesión a RCTV?

-Reitero la preocupación que he venido manifestando desde hace varios meses por las declaraciones de altos funcionarios públicos conforme a las cuales los motivos de la decisión podrían incluir la línea informativa del canal. La línea editorial de RCTV ha sido cuestionada de manera pública por las más altas autoridades. No se deben tomar decisiones que impliquen políticas discriminatorias por la línea editorial de los medios de comunicación, pues con ello se atenta contra la libertad de expresión. Asimismo, me preocupa el impacto de la decisión en la situación general de la libertad de expresión en el país.

-¿Cuáles son los aspectos generales que le parecen más preocupantes?

-El primero es que, en la práctica, los venezolanos y venezolanas dejarán de tener acceso a un canal de amplio alcance nacional que mantiene una línea editorial independiente, abierta a opiniones críticas al Gobierno. El pluralismo político requiere la posibilidad de poder expresar distintas opiniones y puntos de vista a través de los medios de comunicación, y que éstas puedan hacerse llegar al mayor número posible de destinatarios. Cuando los medios de comunicación son independientes y pluralistas contribuyen, especialmente, a que las personas formen, mantengan y cambien, total o parcialmente, su opinión política. La democracia requiere del libre debate de ideas y opiniones, y una opinión pública debidamente informada constituye un importante medio de control democrático de los gobiernos.

-¿Qué otro aspecto general le preocupa?

-El mensaje para los medios de comunicación, que puede implicar la situación que se ha planteado: a otros canales de televisión se les vencería también la concesión el 27 de mayo de 2007, y se les estaría renovando la concesión, con la única excepción de RCTV, que es precisamente el único de ellos que no tendría una línea editorial percibida como independiente. Es decir, el mensaje podría entenderse como que a los medios respecto a los cuales del Gobierno no critica su línea editorial, a la larga, les va mejor. Eso podría propiciar situaciones de autocensura.

-¿Cómo se explica la decisión del TSJ, de cederle al Gobierno los equipos de transmisión de RCTV luego de que el ministro Lara, cuando se le preguntó, en el canal 8, de qué manera podrían cubrir el espectro nacional, respondió que el Gobierno tenía su forma de lograrlo?

-Acabo de enterarme de esa decisión. Me sorprende que a través de una sentencia cautelar se prive a Radio Caracas Televisión de los equipos de transmisión que, entiendo, son propiedad del canal.