La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a ejercer su potestad de administrar el espacio radioeléctrico y decidir sobre su renovación, "tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas, que incluyen garantizar el derecho de expresar ideas y pensamientos de toda índole por una diversidad de medios de comunicación, sin que se adopten restricciones directas o indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana".

En un comunicado difundido ayer, la Comisión considera que "en los concursos o en la adjudicación directa de licencias de uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio".

La instancia internacional recuerda que en los últimos años ha manifestado "su preocupación sobre el progresivo deterioro del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela", y también ha informado sobre acciones directas o indirectas de agentes estatales o personas afectas al Gobierno, "con el fin de coartar o disuadir las opiniones críticas".

La Comisión reitera que "si bien en Venezuela existe amplia discusión y crítica a través de los medios de comunicación hacia las políticas gubernamentales, en algunos casos esa legítima actividad ha resultado en actos intimidatorios o presiones indirectas contrarias al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática". En este contexto, hace referencia a la situación de RCTV, sobre el cual se ha tejido el debate sobre la libertad de expresión en Venezuela.

Tras sostener que es evidente que RCTV es un medio de amplio alcance nacional independiente y que "altas autoridades del Estado han cuestionado públicamente la línea editorial del canal", la Comisión hizo un llamado al Estado venezolano para que proteja, dentro de los parámetros del derecho internacional de derechos humanos, tanto la expresión favorable a sus políticas y objetivos como la crítica divergente.

"Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática", indica el texto del comunicado.