CARACAS, viernes 25 de mayo, 2007 | Actualizado hace
En los últimos años la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación
sobre el progresivo deterioro del ejercicio de la libertad
de expresión en Venezuela. A través de informes
anuales y comunicados de prensa, la Comisión informó
sobre acciones directas o indirectas por parte de agentes
estatales o personas afectas al gobierno, con el fin de coartar
o disuadir las opiniones críticas. En sus informes
la Comisión destaca que tales acciones afectan especialmente
a los defensores de derechos humanos, sectores de la oposición
política, comunicadores sociales y a la sociedad venezolana
en general.
La Comisión reitera sus manifestaciones en el sentido
de que si bien en Venezuela existe amplia discusión y
crítica a través de los medios de comunicación
hacia las políticas gubernamentales, en algunos casos
esa legítima actividad ha resultado en actos intimidatorios
o presiones indirectas contrarias al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión en una sociedad democrática.
En este contexto, se ha prestado particular atención
a información relacionada con expresiones de las más
altas autoridades del gobierno relativas a la revisión
de la concesión de algunos medios de comunicación
basándose en criterios que podrían violar el derecho
a la libertad de expresión.
Actualmente, gran parte del debate sobre la libertad de expresión
en Venezuela se ha centrado en la decisión del Poder
Ejecutivo de no renovar la concesión radioeléctrica
de Radio Caracas Televisión (RCTV). Conforme a información
de público conocimiento, RCTV es un medio de comunicación
de amplio alcance nacional que mantiene programas de opinión
con una línea editorial independiente. Asimismo,
es de público conocimiento que altas autoridades del
Estado emitieron numerosos pronunciamientos públicos
cuestionando la línea editorial de RCTV.
La Comisión reconoce que el Estado tiene la potestad
de administrar el espectro radioeléctrico, de establecer
previamente términos de duración de las concesiones
y de decidir sobre su renovación a la finalización
de los plazos respectivos. Tal potestad, sin embargo, debe
ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho
a expresar ideas y pensamientos de toda índole por una
diversidad de medios de comunicación sin que se adopten
restricciones directas o indirectas al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión, tal como lo establece el
artículo 13 de la Convención Americana.
Por las razones anteriores, la CIDH considera que en los
concursos o en la adjudicación directa de licencias de
uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar,
bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos
abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios
claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración
de política discriminatoria por la línea editorial
del medio de comunicación.
La Comisión hace un llamado al Estado venezolano para
que proteja, dentro de los parámetros del derecho internacional
de los derechos humanos, tanto la expresión favorable
a sus políticas y objetivos como la crítica divergente.
Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el
espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad
democrática.
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