Londres.- La mayoría de las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en Venezuela en 2006 quedaron impunes, afirma Amnistía Internacional (AI) en su informe anual divulgado este miércoles.

"Las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellas torturas, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas, permanecen impunes", según el informe.

Como casos concretos, Amnistía Internacional presentó el de ocho personas, incluidos dos niños, que fueron asesinadas e incineradas en una finca de la población de La Victoria, en el Alto Apure, cerca de la frontera con Colombia, en julio pasado.

"Según los testigos y los primeros elementos de prueba, varios militares participaron en estos homicidios. Sin embargo, un solo miembro de la Fuerza Armada fue imputado por este crimen", indica el informe.

Como detalla AFP, la organización reporta también los casos de Melquíades Villarroel y de la familia Mendoza, amenazados luego de la condena a agentes policiales acusados del asesinato de sus familiares.

El informe de AI destacó que "defensores de los derechos humanos y periodistas fueron amenazados, intimidados y atacados".

Señala que dos periodistas fueron asesinados en 2006: El fotógrafo Jorge Aguirre, del vespertino El Mundo, durante una manifestación de protesta contra la inseguridad, y Jesús Flores Rojas, coordinador del diario Región, en El Tigre, quien murió luego de denunciar casos de corrupción de funcionarios locales.

En el primer caso fue detenido un policía, que al final del año esperaba para ser juzgado, y en el segundo los supuestos asesinos murieron a manos de policías. Tres policías fueron detenidos acusados de estar involucrados en el caso, pero AI ignora si fueron formalmente acusados.

El informe resaltó la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas y manifestaciones de hostilidad sufridas por defensores de los derechos humanos.

En particular, AI reporta los casos de María Rosario Guerrero y su esposo Adolfo Martínez Barrios, "víctimas de una campaña de difamación e intimidación ligada a las acusaciones hechas contra la policía del estado Guárico".

Además, un Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional causó inquietud "en virtud de que los responsables gubernamentales podrían escoger las organizaciones que recibirían fondos internacionales".

"Se teme que tales disposiciones obstaculicen la labor de los defensores de derechos humanos", indicó AI.