Managua.- El líder parlamentario
liberal, Wilfredo Navarro advirtió que la pretensión
del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de administrar
el petróleo venezolano sin rendir cuentas al Estado "podría
ser un intento de fraude".
En declaraciones que publica hoy el diario "La Prensa", Navarro,
que es primer secretario de la Asamblea Nacional de Nicaragua,
sostuvo que Ortega pretende administrar el petróleo venezolano
a través de la empresa estatal Petróleos de Nicaragua
(Petronic).
Esta empresa es la misma que recibió la cartera de la
desaparecida empresa mixta Alba Petróleos de Nicaragua
(Albanic), que canalizó el petróleo ofrecido a Nicaragua
por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reseñó
Efe.
Albanic era una empresa mixta integrada por municipios nicaragüenses
y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
que cerró operaciones el 26 de abril pasado.
Según Navarro, "Ortega y su gente van a manejar (unos
380 millones de dólares) sin rendir cuentas al país",
por medio de un presupuesto paralelo.
El líder parlamentario del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC), controlado por el ex presidente y reo Arnoldo Alemán,
dijo que para enfrentar esta situación tiene previsto
impulsar mecanismos que dan las leyes del país.
Precisó que utilizarán los mecanismos que dan la
Ley de Endeudamiento Público, de Régimen Presupuestario
y la Ley del Presupuesto Nacional, que establecen que el dinero
que va a una empresa estatal, tiene que reflejarse en la contabilidad
estatal y reportarse al Presupuesto de la República.
"Si Ortega no hace caso a los reclamos de la Asamblea Nacional
y de los especialistas, la Contraloría General de la
República tendría que iniciar los procesos de acusación
contra los funcionarios porque esto es un intento de fraude
al Estado", insistió Navarro.
"Yo aconsejaría que Ortega no siga jugando con fuego",
advirtió.
En relación al manejo de la ayuda venezolana los sandinistas
sostienen que "no es un presupuesto paralelo" y el acuerdo
no tiene porqué debatirse de nuevo en el Parlamento.
Para que ese acuerdo se pueda debatir de nuevo se requiere
que el presidente Ortega envíe el convenio a la Asamblea
Nacional, como lo han pedido diputados opositores.