La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, encargada de inaugurar el foro "La Legislación Electoral en Venezuela" -organizado por la ONG Ojo Electoral y el Centro Carter- refirió que el Poder Electoral aspira presentar a consideración de la Asamblea Nacional los proyectos de Ley de los Procesos Electorales, de Referendos, de Registro del Estado Civil de las Personas y la Ley de Asociación con Fines Políticos y Participación Política y Financiamiento.

Durante su intervención, Lucena explicó que la legislación electoral venezolana ha sufrido 15 modificaciones desde 1958; no obstante considera que uno de los principales cambios ocurrió a partir de 1997 con la promulgación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (Lospp). A partir de esta reforma, la automatización de las mesas de votación pasó de 57% (1998) a 94% (2006).

Destacó que con el actual sistema electoral se ha logrado democratizar la participación electoral, "por cuanto el CNE se ha dado a la tarea de ampliar el número de centros de votación para igualar las oportunidades de participación de los ciudadanos, y así evitar la exclusión que existía en el país".

Al relatar su experiencia como observadora de la primera ronda de la elección presidencial francesa, Lucena explicó que Venezuela tiene una ventaja de 20 años en automatización del voto.

Sus palabras fueron respaldadas por la directora del Centro Carter para Las Américas, Jennifer McCoy, quien sugirió que el país tiene el sistema electoral m´ás avanzado del mundo, al tiempo que insistió en que este año era ideal para hacer modificaciones a las leyes electorales.

Carlos Safadi, constitucionalista argentino, asesor del Centro Carter, explicó que la reforma de la Carta Magna venezolana debería orientarse a retomar la figura del Senado -abolida en 1998- para garantizar la participación de las provincias en las decisiones del Parlamento.

Explicó que Venezuela debe corregir la distorsión que se provoca cuando 56% de los electores están concentrados en seis estados. Para esto propone eliminar la elección directa del Presidente y sustituirla por un proceso de votación de segundo grado, que garantice que los aspirantes presidenciales realicen campaña por todo el país y no sólo en algunas entidades. em