CARACAS, domingo 29 de abril, 2007 | Actualizado hace
La audiencia del martes 24 de abril fue muy corta. Duró un poco más de media hora. Más largos fueron los viajes entre Caracas y Maracay y las dos horas y media de espera pues se suponía que el proceso comenzaría a las 10:00 a.m. Los imputados llegaron a las nueve y media.
Ese día resultó una pérdida de tiempo para todos -jueza, escabinos, acusados, acusadores, abogados- porque no asistieron tres de los testigos citados y, a última hora, percibieron que los testimonios de los dos que sí acudieron eran innecesarios. La audiencia se transformó en un civilizado intercambio de cuestionamientos, respuestas y consideraciones, incluyendo una pregunta directa de Iván Simonovis sobre si deberían pernoctar en Maracay, en una celda que ellos consideran "infrahumana". La respuesta de la jueza Marjorie Calderón no fue menos directa: eso no volvería a pasar a menos que ella misma lo ordenara. Un par de días después ocurrió.
Este juicio lleva unas 120 audiencias, más de 126 testigos, 44 expertos y 256 experticias procesadas. A los 11 acusados los procesan por la muerte de tres personas en la avenida Baralt el 11 de abril de 2002.
A cada audiencia asisten, como imputados, tres comisarios, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y ocho policías metropolitanos, el subcomisario Marco Hurtado, el inspector jefe Héctor Robain, el sargento primero Julio Rodríguez, el sargento segundo Rafael Neazoa, el cabo primero Arube Pérez, el cabo segundo Ramón Zapata, el distinguido Luis Molina y el agente Erasmo Bolívar.
Altamira Diamante y Conchita Villar, las amas de casa que, por decisión propia y ninguna retribución económica ni material, le suministran los almuerzos a los policías imputados, asisten a todas las audiencias. No son familia de ninguno pero es a ellas a quienes primero buscan los policías y los comisarios cuando termina la sesión. Para ellas son esas sonrisas, esos besos, esas palabras cariñosas, que la prisión torna tan escasas.
11:31 AM. Nacional y Política. El informe presentado hoy ante la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Argentina sostiene "la eliminación progresiva de los medios independientes como política oficial es el reto que enfrenta la libertad de expresión en Venezuela".
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