Venezuela se está transformando en una jungla. Agreste. Inclemente. Despiadada. No se guardan modales, ni respeto, ni prudencia. La ley del más fuerte impera por doquier. La violencia está en todas partes. Contra todo mundo. La ley no se respeta. Ni se imparte oportunamente. Menos se aplica con el debido rigor contra quienes la transgreden. El malandraje anda ruedalibre.

La inacción del régimen contra la delincuencia es percibida por la población como "tolerancia conveniente". Personas de distintos estratos sociales consideran como parte orgánica del "proceso" al hamponato desatado. Incluso muchos sospechan de la vinculación entre grupos motorizados y algunos factores del oficialismo. Desconfían de quienes se exhiben públicamente con sus armas terciadas, de quienes zigzaguean demencialmente entre los vehículos en las autopistas y de quienes intimidan o arremeten contra los conductores indefensos.

El país pasó de 4.000 homicidios en 1999 a más de 15.000 en 2006. Y el régimen nada. Indiferencia total. Silencio cómplice. No procede como es su obligación constitucional. Como lo exige la ciudadanía. La cultura de la muerte arribó empaquetada en el lema del socialismo del siglo XXI. Se instaló cerro arriba donde todos los días son asesinados niños, jóvenes, trabajadores, ancianos, amas de casa. Las balas no hacen distinción. Tampoco discriminan los puñales. Ocasionalmente los bandidos se mudan de locación y siegan la vida de algún dirigente popular afecto al régimen o de alguien conocido por su trayectoria pública. Acaba de suceder y de allí el alboroto que se armó.

La indignación y celeridad del oficialismo no es la misma cuando se trata de los 40 ó 60 venezolanos desconocidos asesinados los fines de semana en Caracas. Ni cuando secuestran a ganaderos en la frontera. O ante los "ajusticiamientos" extrajudiciales atribuidos a funcionarios policiales.

Hoy más que nunca se padece la exclusión. El sectarismo. Existen dos Venezuela. Y otras tantas (o más) categorías de ciudadanos. Están aquellos que para protestar o hacerse sentir esgrimen públicamente su condición de "revolucionarios". Esta lealtad no los ampara ni garantiza una respuesta efectiva y oportuna del Estado. Los "demás" son aquellos que, cuando defienden sus derechos o demandan protección por el acoso del hampa, son ignorados y brutalmente reprimidos.

La seguridad ciudadana le resbala al militarismo regente. Ese es un problema "menor" al lado del partido único o la reforma constitucional que aumentará el poder y los controles del caudillo. ¿Qué no? ¿Cómo se explica entonces que no se haya aprobado todavía la Ley de Policía Nacional? ¿Cómo se justifica que la AN esté entregada a la discusión una la Ley de Defensa de los Animales? ¿Los ciudadanos son menos que estos para el régimen?

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