Los familiares de las cinco víctimas asesinadas recientemente en el estado Guárico se han dirigido a la Defensoría del Pueblo y ante las autoridades del Cicpc para que se investigue la presunta participación de funcionarios policiales de la entidad federal.

Los investigadores que fueron enviados desde Caracas hasta el estado del centro del país recabaron una serie de evidencias que les permitirán orientar las investigaciones. Sin embargo, los especialistas consideran que los criminales se tomaron el tiempo necesario para borrar cualquier indicio que permita a las autoridades identificarlos.

En la localidad de Tucupido fueron asesinados Engelbert Toscano, de 34 años; Jorge Alexander Rangel, de 22 años; Arnaldo José Dávila, de 23; Jhon Jiménez, de 27, y Charly José Caruso Carreño, de 22 años de edad.

Los funcionarios presumen que los cinco jóvenes fueron detenidos y posteriormente privados de su libertad por un grupo comando.

Trascendió que los criminales no utilizaron armas automáticas para no permitir que los detectives realizaran posteriores experticias balísticas. Por ello todos los jóvenes ejecutados fueron ultimados con disparos de escopeta. Los cadáveres fueron localizados a varios kilómetros de distancia. Todos estaban maniatados con mecates de nylon.

Juan Castro, familiar de Alexander Rangel, dijo que este caso se suma a una cadena de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el estado en los últimos años y que no han tenido castigo, según refirió con congoja.

Los familiares de los agraviados por ahora no desean responsabilizar a ningún organismo de seguridad en particular, pero afirman que se trata de un típico hecho de homicidio extrajudicial.

El asesinato de los jóvenes ha costernado a la población de Tucupido. Por ello la policía científica envió a un equipo de técnicos para que colaboren con los detectives destacados en el estado Guárico.

Los funcionarios intentan localizar a testigos que les permitan orientar las investigaciones. gr