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Caracas, jueves 22 de marzo, 2007  
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(12:45 PM) AN rechaza "usurpación de poderes" por parte del TSJ y denuncia mafia


Caracas.- Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) acordaron, por voto unánime, rechazar la "usurpación de poderes" por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual fue propuesta por el segundo vicepresidente del Parlamento, Roberto Hernández, a raíz de la modificación del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR), al considerar que se lesionó la función del Poder Legislativo.

El acuerdo contempla la conformación de una comisión que se encargue de investigar una serie de denuncias que presentaron los diputados de la AN sobre presuntas irregularidades en la Sala Constitucional.

Esta comisión estará presidida por el diputado Roberto Hernández e integrada por Calixto Ortega, Iris Varela, Freddy Rojas, entre otros parlamentarios.

La AN también se exhortará al Poder Moral para que realice las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades no sólo del ponente del fallo, magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, sino de los siete jueces de la Sala Constitucional, así como que se estudie la destitución de éstos de la mencionada instancia del máximo tribunal.

Presunta mafia

Al iniciar su intervención en el debate, la diputada Iris Varela apoyó la conformación de la comisión que se encargue de investigar el caso, y remarcó que "aquí hay mucha tela que cortar".

Se refería a una denuncia según la cual existiría un "triunvirato o mafia" en la Sala Constitucional, que estaría encabezada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero junto con un fiscal del Ministerio Público y una abogada.  Varela no ofreció nombres, pero aseguró tener los documentos que avalan los hechos que hoy denuncia.

Pidió al Poder Moral que investigue "a fondo" para que se establezcan las responsabilidades.

Según Varela, la Sala Constitucional no sólo ha usurpado funciones de la AN, sino que "se atrevió" a tomar funcionares del poder constituyente, cuando en 2005, resolvió remover a los funcionarios que había designado la Asamblea Nacional Constituyente para conformar la comisión de funcionamiento y reestructuración del Poder Judicial.

"Pido investigación a fondo y pongo en consideración de la AN todos los documentos que avalan lo que estoy denunciando", expresó.

Minutos antes, el segundo vicepresidente de la AN planteó que la modificación de leyes es facultad exclusiva del Parlamento, y no de ningún tribunal de la República, ni de la Sala Constitucional del TSJ.

Destacó que según está establecido en la Carta Magna es la AN la facultada para elaborar y sancionar leyes. "No puede la Sala Constitucional modificar todo un artículo de nuestra legislación ordinaria".

Denunció el diputado que la instancia del TSJ sustituyó completamente el artículo 31 de la referida ley por otro distinto. "La modificación es total", recalcó.

Señaló también Hernández que la modificación conlleva perjuicios económicos para el fisco nacional, pues dejaría de percibir "cantidades muy grandes" producto del ISLR.  En este sentido, el parlamentario enfatizó que la Sala Constitucional usurpó funciones de la Asamblea Nacional.

Propuso la designación de una comisión para investigar la decisión del TSJ, para que en lo inmediato, presente un informe al respecto.

Investigación profunda

 

Durante el debate, el diputado Carlos Escarrá rechazó la sentencia y la calificó como "profundamente injusta e inconstitucional" y violatoria de los derechos constitucionales.

"Esta sentencia jamás ha debido existir", subrayó.

 

Justificó esta apreciación en que el fallo no respeta ni la "progresividad de la proporcionalidad del tributo ni los valores y principios de la Carta Magna".

 

"Si el problema es político, entonces la respuesta es política. Si es jurídico la respuesta es jurídica. Lo que no puedo hacer es que la respuesta sea política y se responda de manera jurídica. No. Si el problema es político, la respuesta es política".

 

Por eso clamó por ir a la calle a discutir el acuerdo, ya que esa "sí es una respuesta política".

 

Como parte de esas actuaciones "políticas" se inclinó por  abrir una averiguación no sólo a los 7 magistrados involucrados en las irregularidades, sino a los 32 que integran el Tribunal Supremo de Justicia.

 

"¿Por qué Cabrera nada más si lo firmaron 7? ¿Es que los demás se eximen de responsabilidad? ¿Vamos a reeditar el caso Velásquez Alvaray? No firmó él solo el acta. Creo que hay elementos suficientes para abrir la investigación primero a los siete".

 

Estima que uno de los problemas es que se están rompiendo cuotas de poder el TSJ. "Si una revolución es ante todo tumbar un paradigma para crear uno nuevo, tenemos por delante el reto de hacer de la justicia un cuerpo vivo que responda las expectativas del pueblo y de la revolución. No existe revolución sin justicia revolucionaria. No hay justicia revolucionaria sin un juez comprometido con fe y convicción con la revolución".

 

"Una cosa es la potestad normativa del juez que la tiene, nos guste o no nos guste, y otra en concederse esa potestad normativa. Si esa potestad normativa se ejerce violando principios constitucionales es donde está grave la cosa".

 

Para Escarrá, la Sala Constitucional ha "abusado" de un conjunto de potestades y ha atendido a intereses particulares.

 

"El problema no es la potestad normativa ni si decidió más allá. El problema es qué decidió. Es el abuso de todo esto (…) Ellos han cambiando todo un conjunto de leyes, no de ahora, tienen 7 años en eso. Esos han sido los mismos magistrados que han creado un conjunto de tribus en el ámbito laboral, en el de menores y adolescentes y en el ámbito penal para favorecer determinados intereses".

 

Considera que emplear el poder para un fin distinto es corrupción. "Deberían estar en Uribana, porque no podemos decir que existe la excusa que no se dieron cuenta y firmaron una sentencia. Pero no podemos decir que un magistrado que hasta hace dos meses ganaba 32 millones de bolívares, que se redujo el sueldo a 16 millones de bolívares, y aumentó los bonos ¡Qué casualidad!".

 

El parlamentario fue claro al expresar que el pueblo venezolano "no nos va a aceptar que les quitemos los recursos con los que el Estado ha venido sosteniendo las misiones y el gasto social. Ese es el verdadero delito de esta sentencia".

 

Revocar la sentencia

 

El diputado anunció que exhortarán a la Sala Constitucional del TSJ a revocar esa sentencia por el mecanismo de "contrario imperio", pues sino asegura que el Poder Legislativo volverá a insertar el artículo 31 en la Ley de Impuesto sobre La Renta.

Garantizó que en el corto plazo la AN presentará un diagnóstico del Poder Judicial en Venezuela, lo que permitirá "arreglar" esta instancia para que llegue al ciudadano y satisfaga las necesidades de justicia que tiene la sociedad.

Mientras, el parlamentario Francisco López (MVR) sugirió comparar la declaración de Impuesto sobre la Renta de los magistrados con el escenario hipotético que se planteaba en la sentencia para ver cuánto cancelará un diputado antes y después de estos aspectos planteados.

"Parece que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que no actúa por el colectivo (…) No tenemos que estar aquí por el interés personal, tenemos que estar por el interés colectivo".

Considera que hay magistrados interesados en un interés personal de mantener el control de la institución.

El diputado Jesús Castillo propuso que debe ser más claro el acuerdo.

"No se puede declarar nulo el numeral dos del dispositivo de la sentencia. Creo que hay que ratificar en todos y cada unos de sus artículos la ley aprobada por este cuerpo".

También mostró cercanía a la propuesta de conminar al Poder Moral para un pronunciamiento ratificatorio de la autonomía de los poderes.

Por último, propuso eliminar el exhorto, para que los contribuyentes no hagan caso de la modificación planteada. -LP / ICFA / KAC




 
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