ÉRIKA GUILLÉN

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Maracay.- Tras cumplirse un año de haber iniciado el juicio en contra de los ex comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Iván Simonovis, así como contra los ocho policías metropolitanos acusados por los sucesos de abril de 2002, la defensa insiste en que el proceso judicial está politizado, que se están vulnerando los "más elementales principios constitucionales". No obstante, confía en que la Corte de Apelaciones de Aragua subsane esta situación al autorizar que sean enjuiciados en libertad.

"La prolongación tan exagerada de este proceso se constituye, en sí misma, en una violación al derecho a ser juzgado a un tiempo razonable (...), pero en este juicio eso no ha sido tomado en cuenta", explicó José Luis Tamayo, coordinador de la defensa de los agentes y ex agentes policiales.

El jurista cuestionó la actuación del tribunal aragüeño que lleva el caso, pues ha rechazado todas las peticiones en beneficio de sus clientes. "Todas las decisiones, sin excepción, independientemente de la naturaleza, contenido y alcance han sido negadas y eso demuestra que lamentablemente este es un caso eminentemente político, donde no cabe la posibilidad de tener decisiones de tipo jurídico".

Afirmó, además, que se está realizando un proceso en condiciones desleales porque "es insólito que el caso del Puente Llaguno se resolvió en 3 meses y medio con la absolución de estos pistoleros y este caso ya lleva un año y aún falta mucho tiempo para que culmine".

El abogado resaltó que hasta ahora se ha logrado "recorrer la mitad del camino", pues se han evacuado 50% de las experticias presentadas por el Ministerio Público y aún falta que la defensa y la parte querellante privada inicien la ronda de presentación de sus testigos y de los elementos de convicción que poseen.

"Nos quedan unos 9 meses. Siendo lo más optimista tendremos una decisión a finales de año", refirió Tamayo, quien espera que en los próximos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita un pronunciamiento, en vista de que sus defendidos "ya tienen 2 años y medio privados de su libertad, sin que exista una condena".

Por último, Tamayo, quien ofreció estas declaraciones junto a otros abogados defensores, dijo tener centradas sus esperanzas en la decisión que debe dictar el venidero 29 de marzo la Corte de Apelaciones de Aragua con respecto a continuar el juicio en libertad.