JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cerrar la causa abierta contra tres oficiales del Ejército, acusados por el Ministerio Público de participar en la masacre ocurrida en febrero y marzo de 1989, fue objetada por la fiscal 21 nacional, Alis Fariñas, quien en rueda de prensa recordó que "el caso de 'El Caracazo' es imprescriptible por tratarse de una violación de derechos humanos".

En el fallo 1.461, del 27 de julio de 2006, la instancia que interpreta la Carta Magna le dio la razón al Tribunal 33 de Control de Caracas, el cual sobreseyó ese mismo año la causa que se le seguía a los coroneles Pedro Colmenares Gómez y Jesús Francisco Blanco Berroterán y el mayor Carlos Miguel Yánez, por considerar que había vencido el lapso legal para enjuiciarlos por el homicidio de Crisanto Maderos.

Colmenares Gómez fue agregado militar en la embaja- da venezolana en Washington (EEUU), representó a nuestro país ante la Junta Interamericana de Defensa y, según fuentes judiciales, también habría sido edecán del presidente Hugo Chávez.

No obstante este revés, Fariñas rechazó en reiteradas oportunidades la posibilidad de que los restantes 341 expedientes que reposan en su despacho por estos hechos puedan correr la misma suerte y nunca llegar a ser ventilados ante un juzgado.

"Esta decisión (que dejó en libertad a los tres uniformados) no puede afectar a otros casos, porque hay una sentencia de la Sala Constitucional que señala que mientras sus decisiones no indiquen en su dispositiva que son vinculantes para otras salas, entonces no tienen el carácter vinculante para otras causas", explicó, al tiempo que prometió: "Esta investigación no se va a paralizar hasta tanto no establezcamos otras responsabilidades".

La fiscal también anunció que está preparando un proyecto de solicitud de extradición contra el ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, contra quien ya pesa una orden de captura desde hace dos años por su supuesta participación en estos lamentables sucesos.

Fariñas aprovechó su comparecencia ante los medios para responder algunas críticas que ha recibido el Ministerio Público por su lentitud en este caso.

En primer lugar, aclaró que la institución garante de la legalidad comenzó a investigar estos hechos a partir del año 2001, pues antes el caso estaba en manos de los tribunales, específicamente de los militares. Precisamente responsabilizó a la justicia castrense de lo complicado del trabajo para hallar a los responsables de las muertes y lesionados ocurridos en 1989, porque "mucha información se perdió y hay que tratar de recabarla o reconstruirla".

Mencionó como ejemplo el hecho de que no existen registros que indiquen qué oficiales condujeron las tropas y quienes aplicaron el Plan Ávila ni dónde estuvieron desplegados durante el estallido social.

"La estructura de mando formal se rompió durante la aplicación del Plan Ávila. Este plan contempla un orden jerárquico distinto y específico", aseveró.

En segundo lugar, aseguró que en el sector del Cementerio General del Sur conocido como "La Peste" no queda ningún cadáver más, por lo que dijo no entender por qué la Defensoría del Pueblo y Cofavic insisten en solicitar que se siga buscando a los desaparecidos allí.

"Todos los cadáveres fueron exhumados en el año 1991", dijo, al tiempo que informó que en la medicatura forense todavía permanecen tres osamentas que no han podido ser identificadas porque nadie ha acudido a brindar información.

Acto seguido, Fariñas solicitó a las personas que hayan perdido algún ser querido o conocido durante "El Sacudón" para que acudan a su despacho y ofrezcan mayor información.

"Nosotros hemos desarrollamos junto a la medicatura forense una planilla para recabar datos que nos pudieran ayudar a identificar restos de personas, pero hasta el momento no se ha llenado ni una", se lamentó la representante del Ministerio Público.

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