MARIANELA RODRÍGUEZ

ESPECIAL/EL UNIVERSAL

Valencia.- El presidente de la junta directiva de la Fundación Magallanes de Carabobo, Jorge Latouche, anunció ayer que la posibilidad de llevarse a otra ciudad a los Navegantes no está descartada si persisten los intentos de intervención del gobernador del estado, Luis Felipe Acosta Carlez.

En una rueda de prensa realizada ayer en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Latouche dijo que "esa es una posibilidad legal que requiere de la aprobación de los demás equipos, debido a los estatutos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional", comentó Latouche, quien estuvo acompañado por el resto de la junta directiva del equipo. "Ya se ha conversado".

Entre las sedes que podrían servir de alternativa se encuentran San Cristóbal, Cabimas, Porlamar y San Félix.

"Si tenemos la autorización de la liga, de los otros equipos y de Major League Baseball, nosotros podemos hacer el cambio. Pero queremos evitar hacer daño a los 9 millones de fanáticos magallaneros, entre ellos el presidente Chávez, que yo no creo que esté enterado de esta perturbación y del daño que se está haciendo".

El principal directivo de la nave espera que prive el buen criterio en las acciones a emprender por el gobernador para que el cambio de sede no suceda.

A su juicio, el gobernador de Carabobo "debe reflexionar sobre el daño que ya le hizo al equipo en el desarrollo de la serie final. Lo invitó públicamente a reunirse con la junta directiva para aclarar los fundamentos de sus pretensiones".

Latouche manifestó que el mandatario regional sigue confundido en lo que respecta a la formación legal de la novena y desconoce la diferencia entre la definición de acciones de una empresa de capital legal y las asociaciones de personas que no están constituidas por papeles accionarios.

Ante la afirmación del general retirado, quien argumenta tener 13% de las acciones del equipo, Latouche explicó que "la fundación es particular y lo que tiene como patrimonio son los bonos de colaboración. No sé de dónde sacó él esa cuenta, o quién le sacó esa cuenta".

Dijo que la fundación está formada por bonos de colaboración y ningún ente (persona natural o jurídica) tiene derecho a poseer más de 10 votos en la asamblea de fundadores.

"Sus 10 votos (del Ejecutivo regional) lo que representaban era algo más de 3% de los derechos de los tenedores de bonos; ese 3,5%, en los últimos 12 años, se redujo a 1,8%".

Latouche confía en que el Estado de Derecho prevalezca en Venezuela y dijo que la junta directiva va a llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales. Si llega hasta el TSJ, "pues allí nos veremos", acotó.

Desde que Acosta Carlez anunció sus intenciones, Latouche indicó que ha intentado una reunión con el general retirado, pero sus gestiones han sido infructuosas.

"He tratado de reunirme con él para ver cuáles son sus aspiraciones y aclarar las cosas antes de que la situación pueda causar daño a la LVBP. Creo que está confundido y no tiene clara la parte legal", añadió. "No sabe que la liga, a la hora de cualquier abuso de autoridad, puede sacar al equipo no sólo de la temporada 2007-2008, sino hasta que el abuso cese".

Por su parte, Arnaldo Zavarce, consultor jurídico del club, fue enfático en afirmar que no existe ningún fundamento legal o basamento jurídico para que Acosta Carlez pueda tomar el control del conjunto valenciano: "Bajo ningún aspecto el Código Civil establece la posibilidad remota de que la Gobernación pueda administrar la fundación Magallanes".