SUHELIS TEJERO PUNTES

EL UNIVERSAL

El esquema de repartición de las ganancias de las empresas, tal como se conoce en la actualidad, será cosa del pasado, cuando se concrete la reforma constitucional que planteó el presidente Hugo Chávez esta semana.

La definición del modelo de producción social abarcará una visión diferente de la actividad empresarial, donde la gestión se repartirá con los trabajadores en un esquema de colectivización del trabajo sin distinciones, mientras que las comunidades recibirán parte de las riquezas del sector privado.

La fórmula viene de la mano de dos instancias que tendrán participación en las empresas, como lo serán los consejos obreros -que operarán de forma directa- y los consejos comunales con incidencia indirecta.

"En el sector privado tiene que haber una relación directa con las comunidades en la toma de decisiones. Tenemos que avanzar en una forma de sociedad, en la propiedad social. No debe ser solamente el lucro", aseguró este miércoles el ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero.

Por ello, consideró que, más allá del poder obrero, se trata de que las comunidades -representadas por los consejos comunales- sean parte de los beneficios económicos logrados por el sector privado.

Justo allí se inserta la figura de los consejos obreros, equivalentes a los comités de fábrica definidos por los ideólogos de la izquierda del siglo pasado, pero "adaptados a la realidad nacional", aseguró Rivero.

Estas instancias se alzarán como una bisagra entre las empresas y las comunidades pero, al mismo tiempo, tendrán una función específica en la modificación de las relaciones laborales, al permitir la colectivización del trabajo sin distinciones de cargos, así como la participación directa en la toma de decisiones de las empresas.

En lo que respecta al área social, los consejos obreros serán los encargados de fiscalizar los aportes a las comunidades donde funcionan las empresas, con el objetivo de que el lucro alcance a todos.

El esquema es similar al mecanismo financiero que utilizan las Empresas de Producción Social (EPS), las cuales destinan un porcentaje determinado de sus ingresos a un fondo social. Esos recursos sirven para desarrollar proyectos para las comunidades, que son definidos por los gabinetes móviles y aprobados por el Ejecutivo Nacional.

No obstante, el titular de la cartera del Trabajo y Seguridad Social señaló que quizás no sea tan parecido al esquema de las EPS y, de hecho, todos los modelos productivos creados por este Gobierno (cogestión, autogestión, cooperativas y EPS, entre otros) son revisados para su inclusión en la reforma de la Constitución Nacional.

"Lo estratégico para el Estado será la construcción de formas de propiedad en las que lo colectivo, en las que la solidaridad, en las que el contenido social de la distribución de la riqueza va a privar", resaltó ayer el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, en el programa televisivo En Confianza que transmite Venezolana de Televisión.

Al referirse a los cambios del modelo productivo venezolano, Cabezas agregó que "la vía socialista no niega la propiedad privada", pero que el Estado se encargará de determinar los privilegios del sector privado.

"La propiedad privada como tal se preservará, estará allí, existirá, incluso en el corto o mediano plazo. Nosotros no queremos que haya ningún tipo de trastocamiento, por ejemplo, en la generación de empleo", señaló el ministro de Finanzas.

Agregó que no se suprimirá la libertad comercial o productiva para constituir empresas privadas, pero que el Estado beneficiará "todo lo que tenga que ver con las nuevas formas de propiedad alternativas", dijo.

Al nuevo modelo de producción que desarrollará el presidente Hugo Chávez en la reforma constitucional, no se ha llegado de un solo plumazo. Si bien el viraje sorprende por su fuerza y concepción, las regulaciones al sector privado ya resultaban algo cotidiano.

Desde el año 2005 se han aprobado leyes que obligan al sector privado a realizar aportes para temas que no están realmente relacionados con la actividad empresarial como, por ejemplo, la lucha contra el tráfico de drogas y la promoción de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con los representantes del sector privado, otras medidas implementadas por el Gobierno Nacional han provocado que la actividad de las empresas resulte más costosa y, por lo tanto, con posibilidades de menores ingresos.

Entre éstas se encuentran los controles de precios, el régimen para-arancelario, los aumentos inconsultos del salario mínimo y la aplicación de la solvencia laboral, entre algunos de los mecanismos que han afectado la actividad privada en Venezuela.

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