Bogotá.- Los juicios a unos 2.695 ex paramilitares acusados  de crímenes contra la humanidad comienzan este jueves en Colombia con  expectativa por la confesión a que están obligados los irregulares para  beneficiarse de una pena máxima de ocho años de cárcel pactada en el plan de  desarme.    

El proceso se inicia con la comparecencia de Wilson Salazar, alias "El  Loro", ante una unidad especial de la Fiscalía en la ciudad caribeña de  Barranquilla (norte), donde rendirá testimonio por cargos de homicidio,  concierto para delinquir y porte ilegal de armas, reseñó AFP.   

Salazar fue condenado en ausencia a 19 años de prisión por un asesinato,  pero con su sometimiento a la ley de Justicia y Paz -marco jurídico del diálogo  entre los grupos de ultraderecha y el gobierno- podrá recibir una pena de entre  cinco y ocho años siempre que confiese el delito y repare a las víctimas.    

Si el acusado oculta información perderá los beneficios y será procesado  por la justicia ordinaria, según establece la norma, que prevé la participación  de las víctimas en las audiencias.    

Esta es la primera vez en más de cuatro décadas de conflicto que ex  combatientes de un grupo ilegal comparecen ante la justicia para someterse a  este tipo de procesos.    

Se estima que antes de que concluya el año se iniciarán los juicios contra  otros tres ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos  Salvatore Mancuso, sindicado de varias matanzas de civiles y pedido en  extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico.    

Salazar era un mando medio de un grupo paramilitar que operaba en el norte  del país y que se desmovilizó en el marco de un proceso de paz que sacó de la  guerra a unos 31.000 combatientes, la mayoría de los cuales será indultado al  no estar acusados de crímenes de lesa humanidad.    

"Quienes acceden a los beneficios deben tener en cuenta que la sociedad ha  sido extremadamente generosa, pues en vez de 40 de años de cárcel pueden pagar  siete si colaboran con lo que está previsto en la ley", dijo este jueves  Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión gubernamental de Reparación, que  debe velar por los afectados.    

"Ello incluye la devolución de bienes a las víctimas, su reparación, la  confesión de la verdad, las garantías de no repetición de actos criminales, el  abandono del narcotráfico y pedirle perdón a los afectados", añadió.    

Los juicios comenzaron una semana después de que los ex líderes de las AUC  rompieran la interlocución con el gobierno en rechazo a su traslado a una  cárcel de alta seguridad, luego de que el presidente Álvaro Uribe denunciara un  plan de fuga, desmentido por los irregulares.