Bogotá.- Los paramilitares colombianos, que el miércoles  rompieron el diálogo de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, negaron este  jueves que ello implique un regreso a las armas, pero no descartaron que se  produzcan hechos aislados de violencia, que el ejecutivo condenó de antemano.    

"La situación es grave porque son casi 32.000 desmovilizados que estamos  más que convencidos que el gobierno fue falso, que nos hizo trampa", dijo a  periodistas David Hernández, vocero de los paramilitares, reseñó AFP.   

Hernández aseguró que el rompimiento del proceso no significa que "volvemos  a las armas", pero advirtió que los ex comandantes de las Autodefensas Unidas  de Colombia (AUC), presos en el noroeste del país, "no pueden tener control  sobre los desmovilizados".    

El portavoz agregó que "un acto terrorista nunca sería tutelado por los  presos políticos de la cárcel. Pueden suceder pero serían hechos aislados y  Dios quiera que no ocurran", anotó.    

Según Hernández, "los desmovilizados vamos a estar con la cabeza fría,  buscando soluciones y escuchando a la sociedad civil para ver cómo se saca  adelante el proceso, y para que no vaya a haber un baño de sangre, como lo  prevén muchos analistas".    

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín, admitió que el  gobierno está "previendo que eventualmente pueden ocurrir actos de violencia".    

Agregó que "si son instigados, planeados por quienes están detenidos, pues  serían actos delictivos, y los haría acreedores a perder los beneficios de la  ley de justicia y paz", que contiene el marco jurídico del proceso de desarme.    

Frente al rompimiento del plan de paz, que se inició en 2003, Holguín  aseguró que "la etapa de negociación está cumplida y concluida".    

Lo que sigue es "la etapa del juicio que está a cargo de la  Fiscalía y de los magistrados de Justicia y Paz, y la etapa de reinserción y  reincorporación a la vida civil", explicó el ministro.    

El miércoles, los jefes desmovilizados de las AUC anunciaron el rompimiento  unilateral del proceso, tras una tensa reunión de tres horas con el comisionado  de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo.    

Según voceros paramilitares, el incumplimiento de los compromisos acordados  por el gobierno en la negociación de paz, y el traslado de los líderes de la  organización de un centro recreativo adaptado como cárcel a una prisión de alta  seguridad, el viernes pasado, dieron lugar a la decisión.