La Paz.- El clima político se tensó aún más ante el anuncio de sectores opositores del inicio de protestas antigubernamentales por la aprobación por parte del oficialismo de un polémico reglamento de debates en la Asamblea Constituyente y contra un proyecto oficial de reforma a la Ley de Tierras.
Los principales partidos opositores, los gobernadores de seis de los nueve departamentos del país, y los productores agropecuarios del este, que generan la casi totalidad de las exportaciones del sector, se han unido para frenar lo que consideran intentos del gobierno de Evo Morales de "conculcar la democracia", indicó AP.
José Aruquipa, vocero de la mayor fuerza opositora, Podemos, dijo que el Gobierno intenta "implantar un régimen totalitario" después de haber asestado un "golpe institucional" al aprobar el viernes una norma que transgrediría la Ley de Convocatoria a la Asamblea.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) confirmó que hoy el sector protagonizará en Santa Cruz, 570 kilómetros al sureste, una marcha contra el Gobierno por considerar que las reformas a la Ley de Tierras que aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados buscan dar al Ejecutivo discrecionalidad para revertir fundos, especialmente de opositores, y entregárselos a colectividades pro gubernamentales.
El Comité Cívico de Santa Cruz también coincide con la oposición en rechazar la aprobación por parte de la mayoría oficialista de un reglamento que permitiría aprobar en la Asamblea la nueva Constitución por mayoría absoluta.
Miembros del Comité C´ívico denunciaron que el Gobierno ha reclutado "grupos de choque" para enfrentarse a la marcha que "será pacífica".
Podemos y Unidad Nacional (UN) exigen que se respete la Ley de Convocatoria a la Constituyente, donde se exige que la aprobación de la nueva Constitución debe hacerse por dos tercios de los votos de los 255 representantes en el foro. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene 137 y, por tanto, la mayoría absoluta con la que podría aprobar el texto.
Por su parte, Morales mandó al Congreso un anteproyecto de ley para fiscalizar a los gobernadores de estos seis departamentos opositores elegidos en diciembre pasado, según AFP.