MARIA DANIELA ESPINOZA
EL UNIVERSAL
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha imputado ni
ha solicitado privativa de libertad contra el mayor y los
13 efectivos del Ejército que participaron en la Operación
Tepuy, donde fueron asesinados 4 mineros y 2 indígenas
en La Paragua.
En rueda de prensa conjunta con la ministra del Ambiente,
Jackelin Farías, el titular de Defensa, (G/J) Raúl
Baduel aseguró que, como "medida preventiva", ordenó
que este personal, con quien conversó el pasado domigo
durante su estadía en Ciudad Bolívar, permaneciera
en "las instalaciones del TO5 para que, apenas la Fiscalía
los solicitara, estuviesen disponibles".
Solicitó las evaluaciones psicológicas y los exámenes
de ingreso a la Academia Militar de los efectivos y adelantó
que, de ser acusados serán "separados deshonrosamente"
de la FAN.
Aunque no tiene vinculación directa con el caso La Paragua,
Baduel informó que el pasado domingo recibió denuncias
de habitantes de Maripa sobre abusos y atropellos por parte
de "una unidad" -no quiso precisar su nombre, por lo cual
la Fiscalía castrense acusó a 18 militares (a 8
de ellos le solicitará medida privativa de libertad)
por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad,
desvío de funciones y actos contra el decoro militar.
De acuerdo a su narración, la Operación Tepuy comenzó
el pasado jueves, pero fue al día siguiente, cuando los
militares detectaron una presunta "actividad ilegal de mineros"
en El Papelón. A mediodía, el helicóptero Mi-17
desembarcó al personal en la zona y aproximadamante a
las 6:00 p.m.realizó el repligue. "Se ha dicho que la
acción fue ejecutada por un descenso por cuerdas, y accionando
armamento tipo cohetes desde la aeronave. Eso no fue así,
porque la aeronave no permaneció en el lugar".
Desmintió que, inicialmente, atribuyera los hechos a
un enfrentamiento entre mineros. "Recuerdo que cuando hice
alusión a la palabra enfrentamiento dije que correspondería
al equipo investigador determinarlo".
Baduel aclaró que si bien los efectivos detectaron la
presencia de personas armadas, "muchas huyeron al sector selvático
circundante a la explotación minera". "No puedo ni debo
aseverar quién disparó primero".
Agregó que, según los fiscales, las 4 personas
que murieron presuntamente ahogadas en el Río Caure "no
tienen ninguna conexión con este caso" y presume que
los 13 desaparecidos pudieran estar incluidos en el grupo
de 164 mineros que han evacuado, para su "reconversión
de oficio".
Solicitó a la Fiscalía General que investigue los
hechos violentos suscitados tras la operación. "No podemos
permitir que se plantee un esquema de anarquía (...)
moradores señalan que (los autores) son extraños
a la región. Esto llama poderosamente la atención.
También se ha detectado la presencia de líderes
gremiales, de algunas parcialidades políticas, no sé
si será coincidencia eso", comentó.