18 09 2006 Internacional La lenta batalla por la justicia OPINION / Revocan indultos otorgados a tres miembros de la junta de gobierno en Argentina THE ECONOMIST Buenos Aires.- Treinta años después que el Ejército tomó el poder y emprendió su horrible campaña de secuestros, torturas y asesinatos, el país finalmente comienza a enfrentar sus demonios. Hace dos semanas, jueces federales revocaron los indultos otorgados a tres destacados miembros de la dictadura militar que se prolongó de 1976 a 1983 _Jorge Videla, el primer líder de la junta; Albano Harguindeguy, su ministro del Interior, y José Martínez de Hoz, su ministro de Economía_, lo que despeja el camino para su posible enjuiciamiento. Videla y Harguindeguy se encontraban entre los nueve líderes de la junta condenados por su participación en la "guerra sucia" que dejó un saldo de 13.000 muertos y "desaparecidos" _algunos grupos de derechos humanos ubican la cifra en torno a 30.000_. Pero en 1989-90, todos fueron indultados por el presidente Carlos Menem. Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, cuyos indultos se dictaminó eran inconstitucionales, ahora pueden ser acusados del secuestro e intento de extorsión de un acaudalado comerciante, Federico Gutheim, y su hijo Miguel, quienes permanecieron privados de su libertad durante cinco meses entre 1976 y 1977 en un presunto esfuerzo por obligarlo a aceptar un trato de exportación que beneficiaba al Gobierno. Se espera que Videla presente una apelación en la Corte Suprema. Quizás no tenga mucho éxito. El año pasado, la corte anuló una serie de leyes de amnistía, aprobadas en la década de los años ochenta, las cuales protegían a los policías y los agentes de seguridad del Estado de bajo rango al impedir que éstos fueran enjuiciados por crímenes de guerra sucia. El mes pasado, Julio Simn, ex sargento de policía, fue la primera persona relacionada con la junta en ser sentenciada tras la anulación de las leyes. Fue encarcelado por un período máximo de 25 años después de ser condenado por secuestrar a un hombre incapacitado, torturarlo con descargas eléctricas y obligarlo a realizar actos sexuales con otros prisioneros. Ahora, cerca de 200 ex oficiales militares enfrentan cargos por su participación en la guerra sucia. Pero el presidente Néstor Kirchner, quien ha procurado que la defensa de los derechos humanos sea una de las características del actual gobierno, aún no se siente satisfecho. "Dicen que hubo más de 490 campos de concentración y apenas tenemos a 200 personas arrestadas. ¡Debe haber habido campos de concentración donde los prisioneros cuidaban de sí mismos!", dice el Presidente a manera de protesta. El enjuiciamiento de los torturadores de la junta ha recibido un amplio apoyo. Pero muchos en la derecha consideran que la justicia no está siendo aplicada de manera imparcial. Señalan que si bien los 220 indultos otorgados a oficiales militares ahora están siendo revocados sistemáticamente por los tribunales, no se ha realizado ningún esfuerzo por reabrir los 57 expedientes de los ex Montoneros, miembros del grupo radical izquierdista cuya campaña terrorista asoló a Argentina a comienzos de la década de los años setenta, lo cual constituyó el pretexto para el golpe militar de 1976. Sin embargo, esto quizá no sea posible. La Corte Suprema dictaminó el año pasado que un crimen contra la humanidad, que no está sujeto a un estatuto de limitaciones y que nunca puede ser indultado, debe ser cometido por un agente del Gobierno. Dado que el movimiento de los Montoneros no formaba parte del aparato del Estado, los atentados con bombas y asesinatos que cometieron no se consideran crímenes contra la humanidad, y el estatuto de limitaciones referido a esos delitos expiró hace largo tiempo. Aunque se considera que los miembros de la Corte Suprema son independientes, la mayoría de los mismos fue designada por Kirchner, y algunos de sus asesores tienen vínculos con los ex Montoneros _notablemente Nilda Garré, la ministra de Defensa, cuyo ex cuñado (el hermano de su ex esposo) aparentemente fundó el movimiento. La actitud un tanto indolente de Kirchner ante los criminales comunes pudiera dejarlo más vulnerable a acusaciones de hipocresía. Aunque ha presionado constantemente a favor de las penas más severas para los esbirros de la dictadura, se opone a sentencias más duras como arma para combatir el crimen en general. El floreciente movimiento de centro derecha que clama por "ley y orden" en Buenos Aires ahora está empleando el propio lenguaje del Presidente en su contra. "Los derechos humanos no tienen que ver solamente con el pasado", dijo un orador en una reciente manifestación contra el crimen. Nadie duda de la sinceridad del Presidente al ir tras los criminales más deplorables de Argentina, pero quizá no reciba con beneplácito todas las consecuencias de reabrir el capítulo más oscuro de la historia de su país. Traducción: José Peralta