EDUARDO CAMEL ANDERSON
EL UNIVERSAL
La fase de aprobación de la normativa que consagrará
la obligatoriedad del uso de software libre en todas las dependencias
públicas ya está en la recta final: El proyecto de
Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación,
conocida como de Infogobierno, está en la agenda del actual
período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional
(AN).
El proyecto, que será discutido por segunda vez en los
próximos días, contempla también sanciones
para quienes dañen, modifiquen o perjudiquen un sistema
de tecnología de la información en el Poder Público,
con penas de prisión de entre 2 y 10 años, así
como multas de 200 a 800 unidades tributarias.
El diputado Luis Tascón (MVR), propulsor del proyecto,
aseguró que el logro de la "soberanía tecnológica"
(independencia de la producción de los grandes actores
de la industria informática) será uno de los principales
logros de la ejecución de esta Ley.
El gremio empresarial conexo a la actividad tecnológica
dijo respetar y apoyar las iniciativas dirigidas a promover
el crecimiento del acceso en el país, pero ve con
preocupación las limitantes que emergen de la norma,
que restringe el uso de programas licenciados en las dependencias
públicas, sólo a aquellos casos que sean autorizados
por vía de excepción, por una comisión
creada en esa Ley.
"Creemos que el uso exclusivo o preferente de un solo
modelo tecnológico (el software libre) no debe
ser impuesto", se lee en el documento que recoge la
posición oficial de la Cámara Venezolana de
Comercio Electrónico, Cavecome, organismo que indica
que "como representante gremial de empresas que desarrollan
tanto software libre como software comercial o propietario,
reconocemos el valor que ambos modelos brindan".
Los programas comerciales, licenciados, o propietario,
son aquellos que no pueden ser utilizados sin haberse
pagado un derecho por cada usuario, el cual tiene
una fecha de vencimiento. Tampoco pueden ser modificados,
porque sus códigos son confidenciales.
Por su lado, los llamados programas abiertos o
software libre sí pueden ser copiados y utilizados
libremente, y ser modificados, ya que sus códigos
son de libre acceso.
"Sólo mediante el uso de ambos esquemas
se puede garantizar la reducción de la brecha
digital, el desarrollo sustentable y la innovación,
con el fortalecimiento de la industria nacional",
expone Cavecom-e.
Según las disposiciones transitorias,
los organismos públicos dispondrán
de hasta cuatro años para adecuar sus sistemas
a los requerimientos de la Ley, plazo extensible
por dos años más, por decisión
del presidente de la República.
"Desde nuestra perspectiva _prosigue el gremio_,
no se puede hablar de inclusión digital
sin incorporar las bondades y beneficios de
todos los modelos de desarrollo de software,
los esfuerzos de los ensambladores y manufacturadores
de hardware y los prestadores de servicio,
sin discriminación. Un apoyo sesgado
hacia uno u otro modelo (...) equivaldría
a desaprovechar recursos valiosos".
ecamel@eluniversal.com
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