FRANCISCO OLIVARES

EL UNIVERSAL

Desde los primeros años del nuevo gobierno bolivariano, lejos de reducirse, se incrementó el accionar de los grupos armados en la frontera, alcanzando en 1999 una cifra histórica, cinco veces mayor a la del año anterior. Los Teatros de Operaciones cambiaron sus prioridades incorporándose a los planes sociales del nuevo gobierno como el Plan Bolívar 2000. Para entonces se hablaba de un pacto de no agresión, según el cual no habría más intervención de la guerrilla dentro del territorio, al tiempo que ésta no serían atacada. En esos años se estableció una comunicación fluida entre las FARC y el gobierno venezolano. El capitán Ramón Rodríguez Chacín, quien más adelante sería ministro del Interior y Justicia, fungió como enlace entre el gobierno y la guerrilla colombiana. El cambio no significó el cese de los secuestros: desde ese momento, estos delitos dejaron de tener autoría. Fedenaga señala que con anterioridad se sabía quiénes estaban secuestrando y la fe de vida de la víctima solía estar acompañada con fotos de la persona plagiada delante del grupo que lo mantenía cautivo. Al tiempo que aumentaron los secuestros, surgieron nuevos grupos con otros nombres, escisiones del ELN y las FARC y la aparición del grupo venezolano Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y grupos paramilitares en la frontera que igualmente secuestraban. Según refiere Méndez, a partir de 1999 comienzan a instalarse campamentos de la guerrilla en Venezuela, se fortalece el FBL y cambia todo lo que significa el accionar en el secuestro, porque a las víctimas no se las llevan a Colombia sino que las mantienen en Venezuela. Las FBL comenzaron a dominar la zona de la reserva forestal en Barinas, aumentó la impunidad y en consecuencia la intensidad de los secuestros y las operaciones de grupos irregulares en el país. Secuestro extendido Hasta 1995, los secuestros se registraban fundamentalmente en los estados fronterizos. Ya para 1997 se extienden a Mérida, Guárico, Bolívar y Portuguesa y a partir de 1999 y hasta 2006, a todo el país. En la actualidad, Táchira es el estado con mayor número de secuestros, con 30% de los plagios, seguido por Zulia y Apure con 18% y 14% respectivamente. A partir del ascenso de Hugo Chávez al poder, los secuestros dan el gran salto. De un promedio de 40 secuestros por año hasta 1998, se pasa a 269 en 1999, de allí la cifra se mantiene por encima de 100 secuestros hasta el año en curso. Las estadísticas presentadas en este trabajo corresponden a la consolidación de las que registra Fedenaga, Fundación Libertad, Cicpc y Gaes (Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional). Una de las razones por las que Fedenaga considera que se extendió este delito a todo el país es por la incorporación del hampa común en el secuestro, por cual dejó de ser un delito exclusivo de los grupos guerrilleros. Anteriormente, si bien quienes secuestraban pertenecían al hampa común, éstos entregaban las víctimas a la guerrilla a cambio de un precio, y ésta negociaba con la familia desde el cautiverio. Víctimas asesinadas La participación de la delincuencia común en el secuestro trajo otro cambio en el patrón de conducta del victimario. En el año 2006, 25% de las víctimas de secuestro han sido asesinadas. Genaro Méndez apunta que tan alto índice de homicidios es inédito. En el año anterior sólo se registró el asesinato de 6% de los secuestrados. Para el presidente de Fedenaga, siempre la guerrilla veía en el secuestro un mecanismo que debía mantener en el tiempo como fuente de financiamiento permanente. Así se hacía en Colombia y así se trató de hacer en Venezuela. Por eso, ellos protegen la vida del secuestrado y le demuestran a la familia que el pago es la solución al problema y que, pagando, el secuestrado regresa con vida a su hogar. "Cuando el hampa común interviene pareciera que no piensa en seguir utilizando el mismo mecanismo. El objetivo es sacar una mayor tajada en el momento sin pensar en que van a seguir con otros secuestros. Y por eso al obtenerlo, la víctima deja de tener valor para el delincuente, por lo que puede morir". Impunidad Fedenaga atribuye la impunidad que existe en estos delitos en las zonas rurales al hecho de que no hay la disposición política de enfrentarlo. "No existe orden directa para que la FAN deba ir contra la guerrilla, los grupos armados o paramilitares. Tenemos suficientes informes de los productores sobre la presencia de grupos uniformados irregulares con armas largas transitando por esas zonas de frontera. Ellos denuncian que reciben la visita de éstos en las fincas para exigir el pago de vacunas. Hay zonas al sur de Táchira que son controladas por esos delincuentes, La Sierra de Perijá está bajo control de las FARC". Refiere Méndez que, recientemente, en una asamblea en Machiques, los indígenas denunciaron que los guerrilleros armados los visitaban en los caseríos. Para atravesar la sierra se requieren de dos a tres días para llegar a Colombia. "Esa es una barrera natural que está en manos de la guerrilla", afirmó. folivares@eluniversal.com