Exhorto presidencial

El presidente de la República, Hugo Chávez, destacó que "el engorde de terrenos es contrario a la Constitución", por lo que afirmó que "hay que aplicar lo que se llama expropiación por causa de utilidad pública". Exhortó el pasado 25 de agosto a los gobernadores y alcaldes del país a ejecutar las restricciones que establece el artículo 115 de la carta magna: "Que digan lo que les dé la gana; estamos cumpliendo con la Constitución. Hay mucho terreno engordándose en el centro de las grandes ciudades, incluso aquí mismo en Caracas".

 Proclama ministerial

"Nosotros también vamos a promulgar decretos de afectación de tierras urbanas ociosas", afirmó en enero del año pasado Julio Montes cuando recibía el Ministerio para la Vivienda y Hábitat. "Primero intentaremos llegar a un acuerdo con sus dueños, pero si no es posible, entonces los expropiaremos por causa de utilidad pública".

 Gestión metropolitana

El Cabildo y la Alcaldía Metropolitana iniciaron en febrero del año pasado unos decretos que empezaron por expropiar estructuras patrimoniales y que, después de la vaguada de 2005, apostaron por dar casa a los damnificados con esa figura legal. El alcalde mayor, Juan Barreto, informó el 24 de ese mes que, además de cuatro inmuebles que se había aprobado embargar, iniciaron un proceso para la compra de otras 200 edificaciones.

 Suspenden proceso

Durante una sesión extraordinaria y en privado, el Cabildo Metropolitano decidió dejar sin efecto el decreto que autorizaba la expropiación del conjunto residencial Vista Hermosa en La Boyera, el centro comercial y del edificio Teresa de las residencias Paulo VI, en El Llanito, y del edificio 9-1 de Catia.

 Continúan las resoluciones El Cabildo Metropolitano emitió el pasado 5 de enero un decreto de emergencia ante las lluvias de entonces y la crisis que generó el colapso del viaducto, para decretar la ocupación de 13 inmuebles ubicados en Caracas.

 Rehacen marcos legales Los concejales metropolitanos rehicieron el martes una resolución que habían decretado originalmente en febrero y modificado por primera vez en mayo, para comprar edificios o apartamentos que estén alquilados para así vendérselos a sus inquilinos. La medida permite que unos 1.200 edificios sean intervenidos.