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"Las intervenciones son ilegales"
Cada día crece el número de inmuebles que son objeto de la medida legal
(Foto Archivo)
ADRIANA DIAZ GUILLEN |  DIARIO
viernes 4 de agosto de 2006  12:00 AM

ADRIANA DIAZ GUILLEN

EL UNIVERSAL

Entre las competencias que la Ley del Régimen del Distrito Metropolitano le asigna al municipio están "la planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social". Además el artículo 178 de la Constitución Nacional señala como su competencia "la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social". Partiendo de esas premisas serían válidas las intervenciones del Cabildo y el alcalde metropolitano en materia de expropiación de edificios y apartamentos alquilados. Sin embargo, tales decisiones contravienen otras disposiciones legales no menos importantes. El consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Yetse Beiruti, comentó que el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece que en el área metropolitana de Caracas las funciones administrativas inquilinarias no podrán ser delegadas y las ejercerá el Ejecutivo Nacional por órgano de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura. Beiruti aseguró que el alcalde metropolitano no tiene competencia en materia de la política arrendataria en el país pues la ley así lo establece y como rige en esa materia está por encima de cualquier otra norma. Añadió que tampoco se justifica la intervención del alcalde y que dicte medidas en materia de arrendamiento pues su función es planificar y diseñar políticas en materia urbana y de viviendas de interés social. Según Beiruti, la Ley de Arrendamiento fortaleció y sinceró ese régimen, además dijo que quizás no todos los inquilinos deseen comprar los inmuebles donde viven y que no todos los apartamentos gozan de las condiciones adecuadas para ser comprados. Aseguró que existe ignorancia respecto al régimen arrendatario vigente que calificó como de primera categoría pues la ley lo fortalece. Además, dijo que con este tipo de medidas se desestimula la construcción de viviendas para alquiler. El concejal metropolitano Carlos Ciordia dijo que para decretar la expropiación _siguiendo con lo establecido en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública_ deben existir los recursos para pagar el justiprecio y la Alcaldía Metropolitana no los tiene sino piensa obtenerlos a través de créditos adicionales. Otro aspecto jurídico que contraviene la decisión del alcalde mayor es el relativo al interés público, de acuerdo a los especialistas la suma de varios intereses particulares no constituyen el interés público, así pues la necesidad de vivienda de varias familias no son interés público sino particular. En tal sentido, la ley considera como obra de utilidad pública a las que tengan por objeto directo proporcionar al país, los estados o municipios beneficios comunes.

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