MARINELLYS TREMAMUNNO
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Los Teques. Anoche fue aprobado en segunda discusión
el proyecto de Constitución del ahora Estado Bolivariano
de Miranda, sin la presencia de los diputados de la oposición.
La mayoría oficialista en el Consejo Legislativo de
Miranda, no tomó en cuenta las denuncias de los diputados
de Primero Justicia sobre supuestas irregularidades y sancionó
el texto.
La diputada Liliana González aseguró que con
esta acción "no estamos violando ninguna ley. Ya fue
aprobada en segunda discusión el proyecto de Constitución
presentado por el gobernador Diosdado Cabello, ahora sólo
falta el ejecútese del gobernador".
A pesar de que la hora oficial de sesión del Consejo
Legislativo del estado Miranda es a las 2:00 pm, el día
de ayer los diputados oficialistas iniciaron las deliberaciones
después de las 5:30 pm, sin la presencia de los representantes
de la oposición. "Esperaron que nos retiráramos
para iniciar el debate", denunció el diputado de
Primero Justicia Ovidio Lozada.
"La norma establece que los diputados deben esperar
una hora y media, pero con todo y eso esperamos tres
horas y media. No entendemos por qué se empeñan
en evitar un debate serio, abierto y democrático
para tratar un tema tan serio como lo es la Constitución",
dijo Lozada.
Nuevos símbolos
Con este polémico instrumento legal,
además de estrenar el nombre de "Estado Bolivariano
de Miranda" también estrena nuevos símbolos.
En su artículo 7 se establece que ahora
la Bandera mirandina posee tres franjas unidas,
la superior negra (en representación de
los negros) con el sol naciente; la del centro
roja (en representación de los pardos)
con 6 estrellas blancas y la inferior amarilla
(en honor a los indígenas).
"Esta es la verdadera Bandera de Miranda,
estamos rescatando la Bandera que trajo Miranda
al país en 1800... La anterior no representaba
al estado, sino a cualquier parte del país
porque el azul era el cielo y el verde la
montañas", expresó González.
Asimismo, los oficialistas esperan crear
un estado más eficiente, evitando que
los recursos del Gobierno Central tarden
tres meses para llegar al pueblo; además
de que la nueva Constitución contempla
un capítulo especial dedicado a la
participación del pueblo, que garantiza
la transferencia de recursos a las comunidades
organizadas.
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