SUHELIS TEJERO PUNTES

EL UNIVERSAL

"Del éxito de Invepal dependerá el éxito del modelo de cogestión que estamos sembrando en Venezuela para lograr una economía humana, social, productiva, igualitaria", expresó el presidente Hugo Chávez en el Aló Presidente realizado el 20 de febrero del año pasado en las instalaciones de la recién expropiada Venepal. Hoy, 16 meses después del inicio de la cogestión en Venezuela, se sienten pocos avances. El saldo de empresas que operan con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones o en calidad de accionistas asciende a 139, de las cuales seis son industrias compartidas entre el Estado y los trabajadores, de acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco). Según los datos oficiales, la inversión en la cogestión se situó en 113 millardos de bolívares al cierre del año 2005. En otros casos, la ayuda viene de la mano de asesorías técnicas que no necesariamente requieren del desembolso de dinero. Para el viceministro de Industrias del Milco, Elio Colmenares, las experiencias han sido positivas pero, a su juicio, los casos presentados en las empresas expropiadas resultan más escandalosos, pero no por eso son más graves. No obstante, los trabajadores que han negociado con 133 empresas para lograr participación no se quejan de su suerte, mientras que la situacuón el panorama cambia cuando de empresas expropiadas por el Estado se trata. Trabas y desencuentros Inveval e Invepal (las únicas que actualmente operan), así como Invetex, el central azucarero Cumanacoa, la siderúrgica Sideroca y la Tomatera Caigua son los ejes centrales de ese proyecto que para Chávez son sinónimo de la "transformación del modelo capitalista" para detener "el empobrecimiento de las mayorías". Pero para buena parte de los trabajadores que participan en el proceso de cogestión en Invepal el cambio no llega. "¿Qué modelo estamos fundando?", se preguntó esta semana Ramón Lagardera, presidente de Covinpa, cooperativa encargada de Invepal, quien denunció una serie de irregularidades administrativas que fueron diligentemente rebatidas por la ministra de Industrias Ligeras y Comercio, María Cristina Iglesias. Entre los malos manejos alertados está la presunta pérdida de 900 millones de bolívares durante la administración de la junta directiva pasada, la supuesta desviación de 90 millones de bolívares que debían ser dirigidos al reacondicionamiento del laboratorio químico de la industria papelera, además de la ausencia de balances financieros trimestrales que permitan descubrir la situación real de Invepal. Para el Gobierno simplemente se trata de diferencias entre los miembros de la directiva de la empresa papelera (cuatro por el Ejecutivo y otros cuatro por los trabajadores) por desencuentros en temas como la solicitud de despido a ocho personas, la negativa en traspasar 12 millones de bolívares mensuales a Covinpa y la paralización de permisos remunerados a los miembros de la cooperativa. "No entendemos cómo, si este es el proyecto bandera del gobierno del presidente Chávez y en el exterior se habla maravillas, aquí no vemos avances", lamentó el presidente de la cooperativa de Invepal. Reestatización Tras una década entera de fiebre privatizadora, no sólo en Venezuela sino en el resto de América Latina, la administración de Chávez _abiertamente crítica al regreso de los activos estatales a manos privadas_ revirtió el proceso. Chávez poco a poco abonó el terreno hasta que logró el objetivo y es así como algunas industrias iniciaron el camino de la estatización, bajo el esquema de la cogestión. Lo cierto es que la mayoría accionaria está en manos del Estado, no de los trabajadores. Más allá de eso, es precisamente el Ejecutivo Nacional el que debe asumir el costo financiero de la cogestión, lo que genera un pasivo adicional para un Estado que actualmente vive una bonanza petrolera. En tal sentido, la carga se debe a que estas empresas expropiadas, cuando arranquen plenamente, no darán ganancias sino hasta su tercer año de producción. Además, las dos únicas empresas cogestionadas mixtas (Estado-trabajadores) que han logrado arrancar presentan graves problemas operativos. Por ejemplo, la planta de Invepal demanda de más energía de la que existe en la zona, por lo que ahora el Gobierno debe invertir grandes sumas para resolver este problema. Ahora el Estado se alista a asumir dos industrias más: las plantas de Parmalat en Zulia y Lara. No se ha precisado todavía si se aplicará un esquema de cogestión, y es que el Ejecutivo prefiere atender los problemas generados por la falta de capacidad para suministrar la materia prima a las fábricas, al menos en el caso de Machiques. Otros casos semejantes se presentan en otras empresas ya en vías de cogestión, lo que complica el panorama para el Gobierno.