OSCAR MEDINA

EL UNIVERSAL

Hay más. Dalila Albornoz fue evaluada en la Maternidad del Sur el 25 de marzo de 2005 y le indicaron que regresara en una semana. A los cuatro días volvió quejándose de fuertes dolores. Esa mañana le dijeron que podía irse a casa, pero se opuso. En la tarde, finalmente, "se dieron cuenta" que el niño estaba muerto.

Raquel Urdaneta: ingresó a la institución el 16 de abril de 2005 a las 7:15 pm. La condujeron a la sala de parto a las 8:30, pero era tarde: el bebé ya no tenía signos vitales.

Esos son, en resumen, algunos casos evaluados por la Comisión de Salud y Calidad de Vida del Consejo Legislativo de Carabobo en su informe sobre la Maternidad del Sur. Al iniciar las investigaciones se sumaron otras dos malas noticias: el 11 de abril de 2005 Joaquina Salas Gutiérrez ingresó a la maternidad para ser intervenida por una fibromatosis uterina. Al entrar todo estaba normal, pero no salió viva del quirófano: insuficiencia respiratoria y coronaria isquémica miocárdica, edema pulmonar y cerebral, sin que la paciente hubiera tenido antecedentes de naturaleza cardíaca.

El 11 de mayo del mismo año, Maritza Noely Herrera llegó para realizarse exámenes por el retraso en su fecha de parto. De la medicatura del Central Tacarigua la mandaron a la maternidad a hacerse un monitoreo fetal. Allí le indujeron el parto y resultó muerta: "anemia aguda, shock hipovolémico, atonia uterina y status post cesárea con producto muerto".

Semejante número de casos trágicos para una institución con un perfil exitoso no podía pasar desapercibido. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Maternidad del Sur?

Las interpretaciones son variadas: para el gobierno comandado por Luis Felipe Acosta Carlez se trata de la ineficiencia heredada de la pasada administración a la que se suma el sabotaje de médicos de Proyecto Venezuela y la mala praxis de galenos igualmente identificados con ese partido rival.

Para la comisión de legisladores que sólo pudieron adelantar una investigación orientada hacia el área administrativa y al manejo actual que se le da a ese centro hospitalario, hay un alto factor de incidencia en la decisión de cambiar su naturaleza operativa: de sólo manejar pacientes de bajo riesgo se obligó a atender embarazos en situación de riesgo elevado.

Entre las conclusiones de los diputados de la comisión _presidida por Deyalitza Aray y en la que participaron dos legisladores del MVR, Juan Hernández y Antor Vladimir Navas_, se recomienda a la Fiscalía y al Cicpc tomar en cuenta este factor al momento de analizar los hechos y determinar, no sólo la posibilidad cierta de mala praxis, sino también la capacidad real de la maternidad y del personal médico para enfrentar la nueva obligación de atender estos casos delicados.

Sobre esto, Aray explica: "Después de esas muertes, no ha pasado nada más en la maternidad. Pero, claro, tampoco han seguido atendiendo casos de alto riesgo, ahora los mandan a la Ciudad Hospitalaria, tal como se hacía antes".

Por estos días los temores sobre la posible "privatización" de la maternidad han derivado en un curioso enfrentamiento del que se deduce un pleito entre el gobierno regional y miembros del MVR que, hasta ahora, tiene como protagonistas a Gerardo Ramírez, secretario de relaciones políticas de la Gobernación, y a los diputados Valmore Azuaje y Antor Vladimir Navas.

Ramírez ha sido el vocero encargado de defender la contratación con SISA, cuestionada de manera insistente por Azuaje y Navas. En opinión del analista local Orel Sambrano, la pelea de los boina roja será larga y a cuchillo: de hecho, fue del MVR de dónde salieron los papeles que revelaron toda la trama de SISA.

Y en el medio, quedan los deudos esperando explicaciones y el temor a que algunos médicos terminen pagando los platos rotos. Continuará.