OSCAR MEDINA
EL UNIVERSAL
Katherine Hernández denunció el 21 de abril de
2005 la muerte de su bebé. Juan Carlos Castellano Chávez
acudió el 26 de mayo a la Comisión de Salud del Legislativo
carabobeño a denunciar la muerte de su nieto Hender. Brígida
García hizo lo propio ante la Defensoría de Protección:
a tres meses de gestación su bebé falleció en
el vientre y pasaban los días y no le habían extraído
el feto. María Velásquez acudió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: su hija Ysleidi Bolívar,
quien sufre trastronos mentales, con 41 semanas de gestación
no fue atendida por los médicos.
Hay más. Dalila Albornoz fue evaluada en la Maternidad
del Sur el 25 de marzo de 2005 y le indicaron que regresara
en una semana. A los cuatro días volvió quejándose
de fuertes dolores. Esa mañana le dijeron que podía
irse a casa, pero se opuso. En la tarde, finalmente, "se dieron
cuenta" que el niño estaba muerto.
Raquel Urdaneta: ingresó a la institución el
16 de abril de 2005 a las 7:15 pm. La condujeron a la sala
de parto a las 8:30, pero era tarde: el bebé ya no
tenía signos vitales.
Esos son, en resumen, algunos casos evaluados por la
Comisión de Salud y Calidad de Vida del Consejo Legislativo
de Carabobo en su informe sobre la Maternidad del Sur.
Al iniciar las investigaciones se sumaron otras dos malas
noticias: el 11 de abril de 2005 Joaquina Salas Gutiérrez
ingresó a la maternidad para ser intervenida por
una fibromatosis uterina. Al entrar todo estaba normal,
pero no salió viva del quirófano: insuficiencia
respiratoria y coronaria isquémica miocárdica,
edema pulmonar y cerebral, sin que la paciente hubiera
tenido antecedentes de naturaleza cardíaca.
El 11 de mayo del mismo año, Maritza Noely Herrera
llegó para realizarse exámenes por el retraso
en su fecha de parto. De la medicatura del Central Tacarigua
la mandaron a la maternidad a hacerse un monitoreo fetal.
Allí le indujeron el parto y resultó muerta:
"anemia aguda, shock hipovolémico, atonia uterina
y status post cesárea con producto muerto".
Semejante número de casos trágicos para
una institución con un perfil exitoso no podía
pasar desapercibido. ¿Qué fue lo que ocurrió
en la Maternidad del Sur?
Las interpretaciones son variadas: para el gobierno
comandado por Luis Felipe Acosta Carlez se trata
de la ineficiencia heredada de la pasada administración
a la que se suma el sabotaje de médicos de
Proyecto Venezuela y la mala praxis de galenos igualmente
identificados con ese partido rival.
Para la comisión de legisladores que sólo
pudieron adelantar una investigación orientada
hacia el área administrativa y al manejo
actual que se le da a ese centro hospitalario,
hay un alto factor de incidencia en la decisión
de cambiar su naturaleza operativa: de sólo
manejar pacientes de bajo riesgo se obligó
a atender embarazos en situación de riesgo
elevado.
Entre las conclusiones de los diputados de
la comisión _presidida por Deyalitza Aray
y en la que participaron dos legisladores del
MVR, Juan Hernández y Antor Vladimir Navas_,
se recomienda a la Fiscalía y al Cicpc
tomar en cuenta este factor al momento de analizar
los hechos y determinar, no sólo la posibilidad
cierta de mala praxis, sino también la
capacidad real de la maternidad y del personal
médico para enfrentar la nueva obligación
de atender estos casos delicados.
Sobre esto, Aray explica: "Después de
esas muertes, no ha pasado nada más en
la maternidad. Pero, claro, tampoco han seguido
atendiendo casos de alto riesgo, ahora los
mandan a la Ciudad Hospitalaria, tal como
se hacía antes".
Por estos días los temores sobre la
posible "privatización" de la maternidad
han derivado en un curioso enfrentamiento
del que se deduce un pleito entre el gobierno
regional y miembros del MVR que, hasta ahora,
tiene como protagonistas a Gerardo Ramírez,
secretario de relaciones políticas
de la Gobernación, y a los diputados
Valmore Azuaje y Antor Vladimir Navas.
Ramírez ha sido el vocero encargado
de defender la contratación con SISA,
cuestionada de manera insistente por Azuaje
y Navas. En opinión del analista
local Orel Sambrano, la pelea de los boina
roja será larga y a cuchillo: de
hecho, fue del MVR de dónde salieron
los papeles que revelaron toda la trama
de SISA.
Y en el medio, quedan los deudos esperando
explicaciones y el temor a que algunos
médicos terminen pagando los platos
rotos. Continuará.