OSCAR MEDINA

EL UNIVERSAL

El gobernador Luis Felipe Acosta Carlez prefiere hablar de "cogestión" entre el Gobierno y la empresa privada para explicar su plan de cambiar el esquema de administración de salud. Y opta por la palabra "desconcentrar" para explicar el modelo de servicios hospitalarios autónomos distritales o municipales que quiere implantar apenas se lo permita la Ley Nacional de Salud.

También habla de "convenimiento" cuando toca el tema de lo acordado con la compañía Servicios Integrales de Salud, SISA, en cuanto a la posibilidad de que esa empresa se encargara de administrar la Maternidad José María Vargas. Eso, aunque en el papel firmado por él mismo, por el presidente del Instituto Carabobeño para la Salud, Insalud, Carlos Olaizola y por el representante de SISA, José Alberto Ramírez León, dice por todas partes que se trata de un "contrato" con vigencia desde el pasado primero de mayo.

El anuncio de este "convenimiento" firmado el 28 de abril _con una empresa constituida tan sólo dos días antes_ levantó una polvareda de cuestionamientos que persisten a pesar de ciertas "aclaratorias": mientras en su despacho Acosta Carlez le señaló a El Universal el pasado martes 16, que el acuerdo con SISA no se había anulado, pero que tampoco se había materializado "porque tenemos que acordar la parte operativa"; al día siguiente el presidente de Insalud declaró que SISA se retiraba de la operación, pero que era el gobernador quien debía hacer el anuncio oficial que al cierre de esta edición de Expediente, aún no se producía.

Extraoficialmente, El Universal confirmó que ciertamente SISA "pasó un oficio desistiendo del convenio".

Que sí, que no
Apenas al conocerse detalles de lo pactado con SISA, voceros de los sindicatos de trabajadores, del Colegio Médico local, diputados de Proyecto Venezuela, diputados del propio MVR y hasta el Defensor del Pueblo regional y otros grupos civiles, manifestaron de inmediato su rechazo a eso que calificaron de privatización y denunciaron especialmente que SISA es una empresa desconocida y sin credenciales para una labor como la que pretende asumir y por la cual cobraría en honorarios 20% del presupuesto de la maternidad.

"Para este año la maternidad debe estar manejando aproximadamente 30 millardos de bolívares", estima el diputado de Proyecto Venezuela, Eduardo Pino: "Lo que significa que esa pequeña empresa se estaría ganando 6 millardos de bolívares". Pino saca otras cuentas: "Sabemos que lo que se esconde detrás de esto es un negocio. El presupuesto total de salud de Carabobo es de aproximadamente 250 millardos. Esto se traduce en 50 mil millones de bolívares que irían a una o varias empresas privadas que manejarían todos los hospitales".

Tanto Pino como la diputada Deyalitza Aray, presidenta de la Comisión de Salud del legislativo regional, coinciden en una hipótesis: llevar a punto de crisis a una institución como la Maternidad del Sur, considerada un modelo de gestión exitoso, no es sólo un asunto de mala gerencia. Ambos piensan que hay un componente intencional: generar caos, desacreditar y ofrecer una solución a conveniencia.

"Hay una obsesión por eliminar todo lo que se refiera a la maternidad", indica Aray: "Acosta Carlez dijo públicamente que iba a eliminar a la hija de los Salas, refiriéndose a la maternidad. Quieren acabar con un símbolo de eficiencia de la gestión anterior".

La maternidad es, en efecto, una obra de la administración Salas que hasta 2004 (en tres años y cuatro meses) atendió a más de 400 mil madres, con un promedio de 46 partos e intervenciones diarias y con un récord de muertes maternas de 0,038 por mil y de 9,1 por mil en muertes neonatales (el promedio en Venezuela era de 17,5 por mil en 2004).

La Maternidad del Sur no fue concebida para atender casos de alto riesgo, de modo que éstos siempre eran remitidos a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Para el gobernador Acosta Carlez esto era exclusión: "Al abrir un centro médico usted no puede ser excluyente, porque si llega una madre y usted le dice que no la puede atender, ¿entonces para qué se creó? Yo le abrí las puertas a todas las mujeres. Ellos recibían 2.000 personas al año nada más. Nosotros en un año atendimos más de 5 mil. A mayor volumen mayor riesgo, mas no excluyente".

Y entonces hubo cinco muertes en cinco meses (finales de 2004 y principios de 2005). "Se alteró la naturaleza de la maternidad, pese a las múltiples advertencias de los médicos", explica Aray.

"Se quería destruir lo que está allí para establecer un modelo que permita hacer negocios", acusa Pino: "Este esquema de privatización permite burlar las licitaciones públicas, ahí está el negocio".

Los emeverristas críticos del plan de Acosta Carlez no llegan tan lejos en sus acusaciones pero sí en su presión por evitar que imponga el modelo. Y hasta el momento pareciera que van ganando una de las batallas si en realidad se anula al acuerdo con SISA, considerado por el MVR como una medida neoliberal. Pero, según dijo el gobernador, su plan de licitar los servicios de salud sólo lo detienen en tribunales. La guerra será larga.

ommedina@eluniversal.com