GUSTAVO MENDEZ

EL UNIVERSAL

Como un riesgo de "intervención fraccionada de la autonomía" calificó la Comisión de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que estudia el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE), el contenido del articulado que regula la educación superior. El informe destaca que el artículo 39, que estipula la elaboración de siete leyes especiales para el Sistema Nacional de Educación Superior, promoverá la "desagregación y desarticulación", cuando más se requiere buscar una visión de coherencia y de unidad orgánica. La instancia académica, presidida por el profesor Amalio Belmonte, e integrada por Luken Quintana, Rómulo Orta, Rodolfo Rico y Tulio Ramírez, precisa más adelante que tal profusión de normas entraña: "El riesgo de intervenir sobre el derecho a la autonomía de manera fraccionada, es decir mediante sucesivas leyes parciales, al interior de un sistema donde coexistirán instituciones variadas y de complejidad diversa, no sólo expone a eventuales vicios de inconstitucionalidad sino a introducir eventualmente factores de incoherencia". En sus observaciones, la comisión de la UCV señala que estos temas si acaso deben contemplarse sustantivamente en la Ley Orgánica de Educación: "Dejando su desarrollo a la Ley Especial. Creemos que esta caracterización sustantiva debe basarse esencialmente en la protección de la autonomía, la adecuada promoción de la pertinencia social y la consagración de la pluralidad y de los derechos de participación". Otro aspecto que inquieta a los ucevistas es el adjetivo de "responsable" para referirse a la autonomía. Aquí cabe destacar que el presidente de la Comisión de Educación de la AN, Luis Acuña, aclaró que ese artículo podría sufrir cambios para evitar malas interpretaciones. Aún así, el documento agrega que el contenido del artículo 38: "Puede conducir a equívocos. Se entiende el interés del legislador en incorporar este concepto generalmente admitido sobre las condiciones del ejercicio de la autonomía, la cual, en todo caso, no se puede emplear irresponsablemente". Más adelante, los académicos aclaran que el término responsable: "Deviene de una tendencia nacida del interior de las universidades conscientes como lo están de su relevancia y, por derivación, de su responsabilidad en los retos de la construcción de la sociedad del conocimiento, donde, precisamente lo autonómico aparece como un factor esencial para esa participación", concluyen. En sus observaciones, los académicos realzan que el artículo 38 es ambiguo en su contenido, pues señala: "En aquellas instituciones de educación superior que les sea aplicable, el principio de autonomía". A su juicio, no se puede dejar a la interpretación un derecho que está garantizado en la Constitución. En cuanto al concepto y alcance de la "pertinencia social", se alerta que se pueden "exacerbar" esa idea lo cual puede conducir "a una interpretación tal vez restrictiva de las actividades de docencia, investigación o extensión, bajo el argumento de una hipotética "impertinencia social". Asimismo recuerdan que "bajo el argumento de la defensa de esa hipotética "impertinencia" que se han desarrollado los movimientos más profundos de debilitamiento de la Autonomía Universitaria.