MARINELLYS TREMAMUNNO
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Los Teques. La zozobra de las 19 familias refugiadas
desde hace tres semanas en lo que queda de los galpones de El
Paso aún no acaba. "Nos tuvimos que encerrar con cadenas,
fue aterrador. Llegó Alexandra Marciani, de IVI-Miranda,
con los agentes de Polimiranda para sacarnos. Tenían también
toda la intención de quitarnos a los niños. No quisieron
hablar, llegaron a lo malo, no quieren darnos soluciones y nos
dijeron que ni siquiera por la vía legal íbamos a
conseguir nuestras viviendas", aseguró Nisley Benedetto,
una de las sin techo que trata de sobrevivir en el segundo piso
de la única estructura que queda en pie, junto a su esposo
y sus dos pequeñas hijas.
"Sentimos pánico al ver tantos policías. No somos
invasores y no nos queremos burlar del Gobierno, como han
dicho. Sólo queremos una vivienda digna. ¿Quién
va a querer vivir de esta forma y pasar por estos sustos sin
necesidad?", expresó Benedetto.
Afirmó que la situación se calmó con la
presencia de la defensora del Pueblo, Judith Hernández,
quien les explicó que los iban a sacar arbitrariamente
porque no tenían ninguna orden judicial que lo permitiera.
Hizo un llamado al gobernador Diosdado Cabello porque "nos
quieren trancar por todos lados".
Según relató la defensora Judith Hernández,
quien estuvo en el lugar como mediadora, a las 9:00 am
se presentaron en El Paso funcionarios del Instituto de
Vivienda de Miranda, la Corporación de Servicios
de Miranda, y una "respetable" cantidad de policías
del Iapem, que junto al Consejo de Derecho y al Consejo
de Protección de Guaicaipuro generaron una situación
muy tensa que se extendió hasta las 4:00 de la tarde.
"No es correcto este procedimiento, por eso fuimos
urgentemente. Lo más viable para este tipo de situaciones
es tratar de solventarla de forma pacífica. A partir
del año 1999 en nuestro país existe una constitución
eminentemente humanista que como funcionarios públicos
debemos respetar. Tenemos que actuar dentro del marco
legal, si no corremos el riesgo de cometer abusos de
autoridad", dijo Judith Hernández.
Recordó que la Constitución establece el
derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda,
"por lo que el Estado está en la obligación
de garantizar ambos derechos".
Hernández señaló que inicialmente
conversó con las partes y constató que
había una situación irregular. "El Consejo
de Protección nos aseguró que estaban
presentes para velar que no fuese maltratado ningún
niño y explicaron que sólo actuarían
en caso de que algún representante dijera que
no tenía dónde tener a su hijo; y los
funcionarios de Polimiranda afirmaron que estaban
únicamente resguardando el lugar", indicó.
Explicó que entre los refugiados hay seis
familias que fueron beneficiadas con apartamentos
en Ocumare, pero que decidieron regresar por la
falta de seguridad. Incluso, "una de las familias,
con cinco niñas, aseguró tener ocho
años viviendo en estos galpones y hasta el
momento están esperando por la adjudicación
de una vivienda. Esperamos sean respetados los
derechos de los ciudadanos, por eso el llamado
es a agotar la vía del diálogo y a escuchar
planteamientos de esas familias", enfatizó
la defensora.
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