Quito.-El gobierno de Ecuador discrepó
con el informe del Departamento de Estado norteamericano,
en el que califica a la frontera ecuatoriana con Colombia
de "abandono histórico", enfatizando en que Washington
debería apoyar más que criticar el trabajo de Quito
en la convulsionada zona.
"Mejor haría Estados Unidos en cooperar más activamente
con los esfuerzos que hace mi país y demandar una más
efectiva presencia en los lugares donde se originan las actividades
de fuerzas irregulares, que criticar lo mucho que hace Ecuador",
indicó el canciller Francisco Carrión en una declaración
oficial reseñada por AFP.
El diplomático reprobó las afirmaciones del Departamento
de Estado en su informe 2005, en el que atribuye a Quito parte
de la responsabilidad por la "influencia narcoterrorista"
en la zona fronteriza.
"Ecuador rechaza afirmaciones como las contenidas en algunas
partes del citado informe, por ejemplo, la aseveración
de que el país esté pagando las consecuencias de
un supuesto abandono histórico de su frontera norte",
expresó Carrión.
El ministro de Relaciones Exteriores defendió las acciones
del gobierno en la zona común y la política de no
intervención en el conflicto colombiano, subrayando que
la misma no contradice "su firme voluntad de luchar contra
el terrorismo y el narcotráfico".
"La presencia efectiva en la frontera ha permitido detectar
infiltraciones esporádicas de fuerzas irregulares colombianas
y destruir lugares temporales de descanso", observó Carrión,
y agregó que esa vigilancia la realiza "con limitados
recursos propios y con escasa cooperación internacional".
El canciller aprovechó las discrepancias con Estados
Unidos, para ratificar su posición frente a la situación
de violencia en Colombia, principal aliado de la Casa Blanca
en la región.
"Ecuador no es neutral: su único interlocutor es el
gobierno de Colombia y condena por igual y por convicción
propia el terrorismo y el narcotráfico", añadió.
Hasta 2005 Estados Unidos contribuía anualmente con
unos 20 millones de dólares a la lucha antidrogas en
Ecuador, pero ha recortado esa ayuda progresivamente, en represalia
por la negativa de Quito a otorgar inmunidad a los soldados
estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI).