Venezuela tiene altos índices de abortos provocados debido a la falta de políticas públicas de educación sexual
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Elizabeth de Ornelas
El estar embarazada para la mayoría de las mujeres es
una gran bendición, incluso muchas se someten a costosos
tratamientos para tratar de concebir. No obstante, para otras,
desde la lectura de la palabra positivo en el resultado del
examen de sangre comienza tal agonía que puede incluso
llevarlas a la muerte.
Y es que aunque la mujer venezolana se caracteriza por estar
"acostumbrada a bregar sola y hay una tendencia a continuar
con el proceso de gestación", según afirma Ramón
Fernández, ginecólogo obstetra de la Policlínica
Metropolitana, hay circunstancias en las que las embarazadas
no ven otra opción más que provocarse un aborto,
aunque éste se encuentre penalizado por las leyes venezolanas.
Pérdida de la inocencia
Aimara Madriz, especialista en Educación Sexual
de niños, niñas y adolescentes, asevera que lo primero
en lo que piensan las jóvenes cuando reciben los resultados
de la prueba es en abortar, puesto que las invade el temor
de ser maltratadas por sus padres, de que las expulsen de
la casa o del colegio (pese a que la Lopna las protege), de
tener que ingresar al mercado laboral y de no poseer una relación
estable de pareja.
"Su situación es la que va a definir cuál es la
decisión que van a tomar", aseveró la experta al
señalar que la Asociación Venezolana de Planificación
Familiar (Plafam) trata de orientar y trabajar con las adolescentes
en los ámbitos psicológico y emocional para que
puedan reflexionar, pero "al final la decisión siempre
va a ser de ellas".
Según la experta de Plafam, quienes corren mayor peligro
son aquellas cuyas edades se encuentran entre 14 y 16 años,
pues ponen en riesgo su vida no sólo acudiendo a lugares
donde se realizan abortos ilegales; sino también porque
son capaces de arrojarse por las escaleras o tomar medicamentos
que pueden inducir las contracciones y, por ende, la expulsión
del feto, aunque después les sobrevenga una hemorragia
que las obligue ir a un hospital.
De acuerdo con las cifras que maneja Manuel Arias, ginecólogo
obstetra de la Maternidad Concepción Palacios y experto
en atención postaborto, 23% de las adolescentes del país
están embarazadas. Tan elevada cifra impulsa al Estado
a considerar este problema como de salud pública.
Entre la espada y la pared
"El Código Penal vigente castiga con prisión
de seis meses a dos años a la mujer que intencionalmente
abortare, valiéndose para ello de medios empleados por
ella misma (Art. 430) y con prisión de doce a 30
meses a quien hubiese provocado el aborto de una mujer con
el consentimiento de ésta (Art. 431)", según expone
el trabajador del Derecho José Luis Tamayo en su libro
El aborto.
De acuerdo con el informe anual de Provea de 2004, esta "condición
de ilegalidad genera situaciones de riesgo para las mujeres
que deciden someterse a un aborto y deben acudir a centros
inadecuados". Incluso cita al Comité de Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que señala
en sus observaciones finales al Estado venezolano que:
"la penalización de todo aborto, no terapéutico,
plantea graves problemas...".
En 2005, la Asamblea Nacional estudió la posibilidad
de reformar el Código Penal para eximir de castigo a
aquellas mujeres que interrumpan el embarazo en caso de violación
o de que el bebé presente malformaciones severas. Sin
embargo, esto no prosperó por las posiciones en contra.
Arias asevera que "nadie puede estar a favor del aborto.
Lo que existe es gente que piensa que bajo ciertas circunstancias
debería permitirse". Asegura que en Venezuela es ilegal
interrumpir el embarazo de un bebé anencefálico
(sin masa cerebral), que no va a sobrevivir fuera del vientre
materno.
"A mí me costó entender por qué había
días en que atendía más situaciones postabortos
que partos y sólo después de ver cómo se me
murieron varias mujeres por complicaciones empecé a ver
el panorama de forma diferente".
El doctor Fernández relata que "los abortos provocados
tienen una alta tasa de mortalidad. Aquí mueren dos mujeres
por semana por aborto séptico". Asegura que según
las cifras del Ministerio de Salud, en hospitales y ambulatorios
públicos adscritos a éste entre 1997 y 2001 se contabilizaron
380 mil abortos tanto espontáneos como inducidos. "Eso
te da un promedio de 76 mil por año. Sólo en la
Maternidad Concepción Palacios, en 2003, se reportaron
336 casos mensuales. A nivel privado yo me atrevería
a duplicar esa cifra, aunque éstas son totalmente desconocidas".
Arias explica el porqué muchas de estas mujeres deciden
practicarse este tipo de procedimientos aun sabiendo que ponen
en riesgo su vida y es que entre 10 y 27% de ellas han sido
víctimas de algún grado de violencia intrafamiliar
o sexual y han quedado embarazadas. También, en el país
se calcula que aproximadamente la utilización de algún
método anticonceptivo por mujeres en edad reproductiva
está alrededor de 15%, puesto que la mayoría no
tiene acceso a éstos.
Igualmente, aquellas que se protegen pueden entrar a formar
parte de las estadísticas pues ningún método
anticonceptivo es 100% seguro. Pese a estas cifras,
la mayoría de las mujeres que quedan embarazadas deciden
proseguir. "No hay edades ideales para quedar embarazada.
Yo creo que hay condiciones ideales que se ajustan a sus planes
de vida", señaló Madriz.
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