En Venezuela existes dos leyes especiales sobre la mujer: la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Ley sobre Violencia Doméstica contra la Mujer y la Familia. La primera (casi desconocida, incluso por los jueces, comentó Balani) es un catálogo de obligaciones del Estado para impedir la discriminación por razones de género; la segunda define las variedades de violencia, tipifica delitos y establece sanciones y su efectividad podría mermar si prospera la demanda de nulidad ejercida por el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, de las medidas cautelares que pueden dictar los órganos receptores de denuncias; por ejemplo, la prohibición de que un agresor se acerque a la víctima.

Ambas leyes fueron promulgadas antes que la Constitución Nacional y, a pesar de estar concebidas para la protección integral de la mujer, no tienen el enfoque de género en la redacción de las normas, el cual se comenzó a asumir como justo y necesario durante el proceso constituyente y quedó plasmado en la Carta Magna de 1999. "No es una necedad o una exquisitez jurídica que los textos legales permitan visualizar a la mujer; que cuando leamos 'gobernador o gobernadora' empecemos a deslastrarnos de la idea de que el gobierno es cosa de hombres y que a las mujeres no les queda más que resignarse a ser gobernadas", comentó Balani.

Según precisó la consultora de Inamujer, la mayoría de los casos que llegan a tribunales tienen que ver con el aseguramiento de bienes materiales que permitan ejercer los roles primarios de la mujer como madre y jefa de hogar. No se tienen noticias de alguna acción de amparo constitucional que haya intentado una mujer a quien le niegan el trabajo de albañil sólo por su condición femenina; no obstante que la Ley Orgánica del Trabajo la protege en este sentido. En Inamujer tampoco conocen precedentes sobre acciones en defensa de intereses o derechos colectivos o difusos, las cuales podrían intentarse, precisamente, para adecuar e imprimir visión de género y la plena igualdad consagrada en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional a toda la legislación venezolana.

Algunos perjuicios derivados de la invisibilidad de la mujer en la legislación venezolana vigente han sido elevados a la consideración del Tribunal Supremo de Justicia, como la atenuación de la pena a un agresor en caso de que la víctima sea una prostituta, así como la disparidad en el ejercicio de cargos de representación popular. En el primer caso, el asunto se resolvería muy discretamente a través de la supresión de normas discriminatorias del Código Penal, el cual ha sido objeto de sucesivas reformas; en el segundo, el máximo tribunal reconoció el derecho a la igualdad en la arena política, pero sólo existe una resolución del Consejo Nacional Electoral que Inamujer aspira a que sea incorporada a la ley.

En opinión de Carolina Balani, una forma de lograr la efectiva sanción de delitos contra la mujer podría ser la incorporación de un capítulo especial sobre la materia en el Código Penal. Tal ha sido una petición reiterada a las autoridades de la Asamblea Nacional: "Hemos tratado de hacer entender a las diputadas y a los diputados que existe un problema y no pueden cerrar los ojos", agregó la consultora jurídica.

Además, en el Legislativo reposan dos proyectos de leyes para garantizar la paternidad responsable y efectiva igualdad de derechos cuando las parejas son uniones de hecho o concubinatos. Actualmente, comentó Balani, el reconocimiento de la filiación padre-hijo sólo es posible mediante una prueba de ADN, que cuesta 400 mil bolívares.

Aunque como casos aislados, en leyes recientemente promulgadas hay normas que establecen protección especial a la mujer. Por ejemplo, la Ley de Tierras dispone atención prioritaria para las mujeres que sean jefas de hogar.

Quizás parte del problema sea que, en general, la misma mujer venezolana no se reconozca como pleno sujeto de Derecho y, como lo planteó Carolina Balani, no sepa adónde acudir y qué recursos utilizar para resolver sus problemas. La Defensoría Nacional de la Mujer, adscrita a Inamujer y actualmente encabezada por María del Mar Alvarez, fue creada, justamente, para proporcionar orientación y, por la vía de la persuasión, tratar de detener y corregir lesiones a los derechos de la mujer. Si la Defensoría no tiene éxito, remite los casos a otras instancias del sistema de Administración de Justicia.

El riesgo es que, por ejemplo, en el Ministerio Público el problema que haya de plantear una mujer sea considerado un asunto no prioritario; sobre todo cuando el fiscal comisionado tiene mil casos represados.

Fue la primera mujer en gobernar un país del Primer Mundo. Su presencia en el mundo político del Reino Unido la llevó a convertirse en la figura inglesa más importante desde que Winston Churchill se enfrentara a los nazis en la II Guerra Mundial. Sus políticas, conservadoras y estrictas, lograron que el Reino Unido regresara a un puesto de eminencia en la escena internacional y económica, algún tiempo después de la caída del Imperio Británico.

Thatcher, la Dama de Hierro, nació en 1925 en el pueblo de Grantham, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo dos títulos, en Química y Derecho.
En 1959, a los 34 años, fue elegida miembro del Parlamento en representación de la comunidad londinense de Finchley, cargo que mantuvo hasta 1992 cuando fue designada a la Cámara de los Lores. Su mente brillante y la facilidad para hablar en público la ayudaron a subir en las filas del Partido Conservador, hasta ser nombrada ministra de Educación en 1970.

Por pura casualidad se postuló como contendora al liderazgo de su partido en 1975 y resultó victoriosa. Se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido político de Occidente y de trabajar como líder de la oposición en el Parlamento.

El gobierno laboral de 1974-79 fue uno de los más caóticos de la historia británica, llevando al país al borde de la bancarrota. En las elecciones de 1979, el Partido Conservador obtuvo la mayoría de los puestos en el Parlamento y Thatcher accedió al puesto de primera ministra.

Durante su primer gobierno (1979-1983), Thatcher tomó fuertes decisiones para controlar la economía y la inestabilidad causada por las protestas de sindicatos de trabajadores. La Guerra de Las Malvinas en 1982, un triunfo para los ingleses, influyó decisivamente en su victoria para un segundo período (1983-87). Su enfrentamiento con los trabajadores de las minas de carbón fue un momento emblemático de ese período, el cual supo manejar con firmeza y éxito. Su último período, de 1987 a 1990, se caracterizó por su participación en la culminación de la Guerra Fría.

Tanto sus partidarios como sus detractores aseguran que el gobierno de Margaret Thatcher fue de fundamental importancia para la historia británica.