PILAR DIAZ

EL UNIVERSAL

La muerte del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira estaba anunciada. El trabajo realizado hace cinco años le permitió sobrevivir por un tiempo _hasta el 5 de enero_, pero ya las autoridades sabían que uno de los mayores problemas era el estribo de Caracas, justamente en donde se encuentra el barrio Nueva Esparta, por el empuje que éste venía haciendo. A lo largo de 47 años _desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez_ los gobiernos han permitido, de la manera más populista, pues al fin y al cabo los votos eran más importantes, que la gente más necesitada resolviera su problema de vivienda invadiendo y levantando su casa sin importar el tipo de terreno y el daño que pudiera causar ese crecimiento anárquico. La premura de un posible desastre _dado por el movimiento de la ladera_ obligó a las autoridades a enseriar la orden de desalojo de la montaña. Y como siempre, muchos de los vecinos creían que iba a ser una arenga más y dejaron para última hora la búsqueda de su salida habitacional. Sin duda que en todo este retraso no se puede pasar por alto la rigidez de los organismos gubernamentales que no aceleraron _y todavía presentan esas fallas_ los procedimientos de censo, entrega de documentos, avalúos de nuevas viviendas y por último entrega de los cheques. El desalojo de Nueva Esparta apenas es una muestra. Según el informe de la Gerencia de Riesgos de la Corporación de Servicios Municipales solamente en el Municipio Libertador existen aproximadamente 39.440 viviendas localizadas en áreas inestables y en situación de riesgo latente. Sin duda eso significa activar la construcción de viviendas a ritmo acelerado pues el mercado secundario no va a resolver la necesidad exis tente.