Si el Presidente está dispuesto, como lo dijo, a cortar las cabezas que sea necesario para liquidar o al menos reducir el saqueo al erario público que se está consumando de la manera más escandalosa frente a sus ojos, debería actuar con la terrible imparcialidad de un verdadero jefe de Estado y proceder caiga quien caiga.

Pero esa no parece ser la tónica dominante si nos atenemos a su actitud de este domingo, cuando se refirió a la denuncia del ministro Jesse Chacón contra el magistrado Luis Velásquez Alvaray, pronunciando la ya célebre frase con sabor a sangre y guillotina, pero sin mencionar, ni por asomo, la retahíla de acusaciones lanzadas por quien fuera, hasta unas semanas, el hombre más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia. Acusaciones que incluyen a un hermano del ministro por presunto tráfico de influencias.

La guerra entre Velásquez y Chacón es grave, porque si ambos tienen razón, entonces no queda hueso sano en la estructura del Estado chavista, la podredumbre se expande por todos los poderes y de ser cierta la amenaza presidencial, la degollina consumada por la maquinita que presentara ante la Asamblea Constituyente francesa el doctor Joseph Guillotin, en 1789, se quedará corta ante las decapitaciones en masa de los corruptos del (socialismo del) siglo XXI.

Claro, sería mucho pedirle al ministro Chacón que investigue a su hermano Arné con el mismo celo y frialdad que aplicó a la hora de responsabilizar al magistrado Velásquez por supuestas irregularidades en la adquisición de la llamada Ciudad Judicial Lebrún. De manera que si de verdad se quiere llegar al meollo del asunto, al menos en lo referido al familiar del capitán Chacón, lo más saludable sería que éste diera un paso al costado y garantizara, con su renuncia, unas pesquisas libres de cualquier tipo de sospecha.

El drama está en que, de acuerdo con el magistrado Velásquez Alvaray, la metástasis (penetración del narcotráfico, mafias de jueces, tribus judiciales, extorsión y peculado) alcanza a la Dirección de Inteligencia Militar, a la Disip, a la Vicepresidencia, al Ministerio del Interior, a buena parte del Poder Judicial ("Hay que ponerle una bomba al Palacio de Justicia") y llega hasta los predios del Palacio Federal Legislativo.

Es así como los investigadores (y sus jefes) son quienes deben ser investigados y los jueces que deciden, absuelven o condenan, quienes deben ser juzgados. Por tanto, si existiera un verdadero propósito de enmienda, ya no serían las personas, sino las instituciones y los poderes públicos los que quedarían descabezados, con las honrosas excepciones que siempre las hay y posiblemente no pocas.

Pero no se asusten. Ya tienen sus chivos expiatorios, allí terminará el asunto y todo seguirá igual, es decir, peor, si nos se les sale de control la cosa, porque el dichoso combate contra la corrupción ha encubierto, en realidad, una guerra, hasta hace poco soterrada, de alambicados intereses económicos, donde están en juego sumas escandalosas y corruptelas inconfesables entre distintos grupos de poder. Velásquez la ha puesto al descubierto porque se sabe escogido como víctima propiciatoria. Y punto. De ahí no pasarán. La mayoría de esas locas cabecitas rojas continuarán sobre sus hombros haciendo de las suyas.

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