EDGAR LOPEZ

EL UNIVERSAL

"Soy víctima de una campaña brutal para asesinarme políticamente y como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia", expresó Luis Velázquez Alvaray pocas horas después de que el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, anunció que sería investigado y eventualmente sancionado por el Consejo Moral Republicano, pues se habrían confirmado irregularidades que generaron daño al patrimonio público en el desarrollo del proyecto Ciudades Judiciales y, más específicamente, en Ciudad Lebrún, donde se iban a concentrar los tribunales caraqueños. Hasta ayer, Velázquez Alvaray no había querido comentar públicamente las versiones que circularon sobre los verdaderos motivos de su renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la Comisión Judicial del TSJ. Fuentes judiciales, legislativas y gubernamentales aseguraron que el magistrado había sido objeto de un "seguimiento" por parte de un cuerpo de seguridad del Estado, que incluyó la grabación de una conversación telefónica a través de la cual Velázquez Alvaray habría hecho señalamientos que permiten inferir su participación en negocios turbios vinculados con las ciudades judiciales. Velázquez señaló que no tiene necesidad de enriquecerse ilegalmente: "Si tienen esa grabación que la saquen. Yo sí tengo unas que las voy a sacar y se refieren a las presiones que se han ejercido contra varios jueces para que declaren en mi contra". Agregó que ya se había solicitado la destitución de un juez que habría sido presionado. Cuentas preliminares Aunque sin la precisión de cifras y circunstancias con que Chacón se refirió a las irregularidades en Ciudad Lebrún, Velázquez Alvaray dijo que tiene en su poder todos los documentos que demuestran la falsedad de lo dicho por el ministro Chacón, quien, supone el magistrado, habría sido engañado. Lamentó sí, que no se hubiera tomado la molestia de conocer su versión de los hechos antes de exponerlo al escarnio público. Mostró copias de las actas mediante las cuales la Sala Plena del TSJ lo autorizó a realizar todas las transacciones relacionadas con las ciudades judiciales. Explicó que en el caso de Ciudad Lebrún se modificó el contrato para la adquisición de terrenos y edificios, así como para el acondicionamiento de los mismos como sedes tribunalicias, luego de que la Sala Plena conviniera en reformular el proyecto, a partir de los resultados de la inspección de las obras. Aseguró que absolutamente todas las transacciones se realizaron legalmente y comentó que fue él mismo quien solicitó que se auditara su gestión. En todo caso, está dedicado a preparar un informe que presentará a la directiva del TSJ y ahora al Consejo Moral Republicano. Versiones extraoficiales indican que las supuestas pruebas de los hechos de corrupción en que habría incurrido Velázquez Alvaray llegaron a manos del presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, quien las elevó al presidente Chávez. Dejó entrever que Maduro y Chávez también habrían sido engañados y que no ha tenido oportunidad de reunirse con ellos. Puertas cerradas en el Capitolio y en Miraflores serían evidencias del poder que habría perdido Luis Velázquez Alvaray.