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Caracas, viernes 10 de marzo, 2006  
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(01:38 PM) Comisión de contraloría impone responsabilidad política a 19 personas por caso Caaez


Caracas.- La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó hoy por unanimidad el informe presentado sobre las irregularidades cometidas en la administración de la Central azucarera agroindustrial "Ezequiel Zamora" (Caaez), según el cual se determinó, entre otras cosas, "cobro de utilidad y una indebida utilización de los fondos públicos" de este proyecto y se impone responsabilidad política a 19 personas entre funcionarios públicos y particulares.

Entre los funcionarios que aparecen en la imposición de responsabilidad política están el ex-ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, el general de brigada (Ej) Delfín Gómez Parra, el mayor (Ej) Orlando Herrera Sierralta , el capitán (Ej) Franklin Castillo.

También aparecen señalados el ingeniero José Alberto Martínez, la licenciada Lisbett Paredes Bastidas, el ingeniero Naudy Estrada, la ingeniera Esther González, el ingeniero Víctor Guedez, Alexander Enrique Rojas Valero, Carlos Alberto Altuve, Iule Quintero Calderón, Antonio Cabello, Josefa Eleha Albarrán, Ronald Santiago Luna, Edgar Molina Calles, José Joaquín Briceño, Freddy Rivero y Manuel Gómez Parra.

El presidente de la comisión, diputado Pedro Carreño, señaló que en el caso de las sanciones administrativas están solicitando la pena máxima de inhabilitación para cargos públicos y cargos de elección popular por 15 años.

Además de las acciones penales que corresponden en este caso también espera que se produzcan sanciones pecuniarias y de confiscación de los bienes de personas naturales y jurídicas implicadas para reparar el daño patrimonial causado al Estado.

Carreño precisó que en el caso del ex ministro Albarrán no procede la destitución del cargo porque fue removido hace unas semanas por el presidente Hugo Chávez. El parlamentario no quiso hacer comentarios sobre si la salida de este funcionario de su cargo se debió a estas investigaciones y si con ello se habría evitado su destitución por hechos irregulares.

"La decisión del presidente de la República (de sacar a Albarrán del gabinete), quien se reserva las razones que lo motivaron para ello, simplemente allana el camino para la investigación", aseguró.

Al ministro se le atribuyó responsabilidad política, entre otras cosas, por aprobar con su voto, durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la junta directiva del Caaez,  el pago indebido de las utilidades o excedentes en las contrataciones que celebraba con el 62 RILU y no pedir la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos entregados a esa unidad militar.

El parlamentario informó que este informe será llevado el próximo martes 14 a la sesión plenaria para que sea aprobada la distribución a la totalidad de los parlamentario y pedirá que sea incluída como primer punto del orden del día de la sesión del jueves 16 de marzo.

Daño patrimonial por Bs. 3,3 millardos

El informe presentado hoy por la comisión de Contraloría señala detalladamente como y quiénes desviaron recursos, cobraron utilidades y utilizaron recursos para obras que no eran las presupuestadas.

"Producto de esta pésima gestión administrativa se ocasionó un daño patrimonial estimado en la cantidad de Bs. 3.320 millones, de los cuales aproximadamente Bs. 1300 millones corresponden al cobro indebido del 10 por ciento de utilidad sobre el monto de las contratraciones, y Bs. 2.020 millones" fueron desviados a la ejecución de obras distintas a las que estaban destinos, señala el documento.

En este sentido atribuyó responsabilidad política por estos hechos al general de brigada (Ej) Delfín Gómez Parra, quien desempeñó el cargo de comandante del 62 Regimiento de Ingenieros "Gral. Luciano Urdaneta" durante el período 2002-2003 por haber permitido, en su carácter de administrador de los recursos otorgados por el Caaez para la ejecución de obras en el mismo, el desvío de partidas presupuestarias para cancelar compromisos financieron de esa unidad militar.

Señala el informe que el desvío de esos Bs. 2.020 millones para la construcción de obras en difrentes establecimientos militares constituye el delito de malversación.

Gómez Parra también es señalado por el cobro de utilidades en las contrataciones que celebrara el 62 RILU con el Caaez por el orden de Bs. 1.280 millones y que se reflejó en el presupuesto de obra y la partida de precios unitarios discrimnándolo como una ganancia del 10 por ciento sobre el monto de la subcontratación a favor del Regimiento "situación contraria a la misión del convenio". Esta acción se configuraría en el delito de obtención ilegal de utilidad en actos de la administración pública.

La malversación está también dentro de los delitos en los que según la comisión de Contraloría habría incurrido el alto oficial al firmar dos cheques de las cuentas destinadas a los recursos del Caaez, a favor de Orlando Pérez, gerente de un concesionario de autos, destinado a la adquisición de una camioneta marca Ford, modelo Fortaleza, a nombre de Manuel Parra Gómez.

La contratación de empresas para la ejecución de obras con empresas particulares sin cumplir con los procedimientos de selección de contratistas establecido en el Decreto de Ley de Licitaciones, se encuadraría en el delito de falsa legación o evasión del procedimiento de licitaciones. Este incumplimiento además de sanciones administrativas puede generar sanciones pecuniarias.

El general Parra también deberá responder por el pago a la constructora EISCA "sin que exista evidencia alguna de que dicha empresa hubiese prestado el servicio" y por la "obtención de los intereses generados en las cuentas bancarias donde estaban depositados efectuados por el Caaez que no fueron enterados al Tesoro Nacional".

En el informe también se pide declarar la responsabilidad política al mayor (Ej) Orlando Alonso Herrera Sierralta, quien se desempeñó en el cargo de coordinador entre el 62 RILU y el Caaez para la ejecución de obras y movimientos de tierra, por haber expedido documentación falsa para justificación la aprobación del pago de obras no ejecutadas y cobro de utilidades en las contrataciones con el Caaez. 

También se le señala de tráfico de influencias por aprovechamiento de sus funciones como coordinador de la ejecución de obras para obtener ventajas para un tercero, en este caso, su concuñado Freddy Rivero y la empresa Viapeca.  Esta última ejecutó obras en el Caaez sin poseer contratos y alcanzó un 60 por ciento de la contratación de las obras civiles.

Ese informe deberá ser discutido en las próximas semanas y aprobado en la plenaria de la Asamblea Nacional.- LGR




 
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