02 03 2006 Nacional y Política Cofavic acusa al Estado de promover la impunidad CARACAZO / 97% de los casos del 27-F no han llegado a etapa de juicio Ortega insistió en la necesidad de una política oficial de derechos humanos EDGAR LOPEZ EL UNIVERSAL En opinión de Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, el Estado venezolano ha institucionalizado la impunidad y, en esa medida, es mayor su responsabilidad: "Hoy tenemos más violaciones de derechos humanos porque los criminales han contado con la impunidad", afirmó. Con motivo del 17 aniversario de los sucesos de febrero y marzo de 1989, Ortega insistió en denunciar que el Estado no ha cumplido con la obligación de reparar integralmente los daños causados, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de agosto de 2002, lo cual no se limita a las indemnizaciones monetarias que se realizaron. Precisó que 97% de las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los cientos de asesinatos cometidos durante el Caracazo, se encuentran en fase preliminar, por lo cual nadie ha sido condenado. De esta manera, en vez de subsanar las violaciones cometidas, el Estado ha incurrido en otras en la negación de los derechos a la justicia y a la verdad, lo cual incluye el reclamo de los familiares porque se identifiquen y se entreguen los restos de las personas irregularmente enterradas en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Igual de grave, repitió Ortega, es que no se hayan tomado medidas para garantizar la no repetición de los hechos, entre ellas la adecuación de los planes para controlar alteraciones del orden público y la formación de los miembros de los cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos. Los pobres son las víctimas El balance presentado por Cofavic indica que, precisamente por la impunidad, Venezuela enfrenta fenómenos que se han vuelto endémicos: ejecuciones extrajudiciales en todo el país, torturas, maltratos policiales, detenciones arbitrarias, amenazas a víctimas directas, familiares y testigos, desapariciones forzadas, lesiones derivadas de la situación de violencia coyuntural, hostigamiento y persecución judicial contra defensores de derechos humanos. Particular preocupación manifestó por la proliferación de los grupos parapoliciales de exterminio, los cuales parecían focalizados a unos pocos estados y ahora están dispersos e incontrolables en todo el territorio nacional. "Y las víctimas son las mismas _prosiguió Ortega_ pues 99% son hombres con edades entre 16 y 35 años, de muy bajo nivel de instrucción, muchos de ellos desempleados o pertenecientes a la economía informal y que habitan en zonas urbanas con muy escasos recursos económicos". Como un ejemplo adicional de la responsabilidad del Estado, la directora ejecutiva de Cofavic dijo que, en vez de atender las observaciones y recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de derechos humanos, tiende a descalificarlas. De esta forma, agregó, la carencia de una política oficial, integral y coherente sobre la materia es parte del problema. Según Liliana Ortega, la promoción y defensa de los derechos humanos no puede depender de intereses políticopartidistas coyunturales: "A todos nos interesa la vigencia de los derechos humanos, pues se trata de la reivindicación de la justicia y la verdad y, en ese sentido, de la vigencia del sistema democrático". /2006/03/02/02106a1.jpg Liliana Ortega destacó que no se han tomado medidas para que esos hechos no se repitan
(Foto Gustavo Bandres)