El ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Antonio Albarrán, y el ministro de la Cruzada por la Agricultura de la República Islámica de Irán, Mohammad Reza Eskandari, firmaron un acuerdo para la transferencia tecnológica iraní necesaria para instalación de dos nuevas plantas procesadoras de leche en Venezuela. El proyecto será ejecutado a través del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y la Corporación Venezolana Agraria (CVA) en los municipios Obispos y San Genaro de los estados Barinas y Portuguesa, respectivamente, y contará con una inversión que supera los 7,2 millardos de bolívares, informó el despacho ministerial en un comunicado. "Nosotros vamos hacia la independencia total y para esto debemos alcanzar la emancipación alimentaria. Un ejemplo de que esto es posible es que Irán, al comienzo de su revolución hace 27 años, importaba 80% del alimento y hoy día produce 90% de lo que consume", dijo el titular del despacho agrícola. Indicó que esta iniciativa generará, en una primera fase, 52 empleos directos y 234 indirectos, a la vez que 16 cooperativas productoras serán las que "arrimen" la leche a dichas plantas. Explicó que cada planta tendrá una capacidad de procesamiento de 10 mil litros de leche cruda por turno de ocho horas, la cual estará en la capacidad de producir leche pasteurizada, mantequilla, queso tipo criollo, jugo de frutas, quesos de pasta filada, suero criollo, leche UHT y bebidas achocolatadas. Albarrán señaló que además de estas plantas procesadoras de leche, se espera prontamente instalar otras para el procesamiento de rubros como el maíz, a lo que se suma la firma de acuerdos con países como China. Recelo empresarial
Recientemente, gremios del sector empresarial han manifestado su desacuerdo ante la iniciativa gubernamental de incrementar su presencia en actividades productivas propias del sector privado. El presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, calificó de "estrategia equivocada" la pretensión de sustituir al entramado industrial de capital privado por empresas propiedad del Estado. Gómez Sigala indicó que no se produciría un impulso al desarrollo productivo del país, asegurando que "en el pasado esta actuación demostró que, en el largo plazo, no se propicia la competitividad necesaria para crecer".