El ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Antonio Albarrán,
y el ministro de la Cruzada por la Agricultura de la República
Islámica de Irán, Mohammad Reza Eskandari, firmaron
un acuerdo para la transferencia tecnológica iraní
necesaria para instalación de dos nuevas plantas procesadoras
de leche en Venezuela.
El proyecto será ejecutado a través del Ministerio
de Agricultura y Tierras (MAT) y la Corporación Venezolana
Agraria (CVA) en los municipios Obispos y San Genaro de los
estados Barinas y Portuguesa, respectivamente, y contará
con una inversión que supera los 7,2 millardos de bolívares,
informó el despacho ministerial en un comunicado.
"Nosotros vamos hacia la independencia total y para esto
debemos alcanzar la emancipación alimentaria. Un ejemplo
de que esto es posible es que Irán, al comienzo de
su revolución hace 27 años, importaba 80% del
alimento y hoy día produce 90% de lo que consume",
dijo el titular del despacho agrícola.
Indicó que esta iniciativa generará, en una
primera fase, 52 empleos directos y 234 indirectos, a
la vez que 16 cooperativas productoras serán las
que "arrimen" la leche a dichas plantas.
Explicó que cada planta tendrá una capacidad
de procesamiento de 10 mil litros de leche cruda por
turno de ocho horas, la cual estará en la capacidad
de producir leche pasteurizada, mantequilla, queso tipo
criollo, jugo de frutas, quesos de pasta filada, suero
criollo, leche UHT y bebidas achocolatadas.
Albarrán señaló que además de
estas plantas procesadoras de leche, se espera prontamente
instalar otras para el procesamiento de rubros como
el maíz, a lo que se suma la firma de acuerdos
con países como China.
Recelo empresarial
Recientemente, gremios del sector empresarial han manifestado
su desacuerdo ante la iniciativa gubernamental
de incrementar su presencia en actividades productivas
propias del sector privado. El presidente de Conindustria,
Eduardo Gómez Sigala, calificó de "estrategia
equivocada" la pretensión de sustituir al
entramado industrial de capital privado por empresas
propiedad del Estado.
Gómez Sigala indicó que no se produciría
un impulso al desarrollo productivo del país,
asegurando que "en el pasado esta actuación
demostró que, en el largo plazo, no se
propicia la competitividad necesaria para crecer".