Caracas.- El Tribunal Séptimo de Juicio, a cargo del juez Elías Álvarez, difirió para el 14 de febrero la audiencia contra los directivos de la asociación civil Súmate.

Los abogados defensores informaron que el Ministerio Público solicitó la pena máxima aplicable de 16 años contra María Corina Machado, quien podría quedar detenida en la próxima audiencia.

Asimismo, la Fiscalía habría solicitado al juez un pronunciamiento sobre medidas privativas de libertad contra Machado y Alejandro Plaz, así como medida sustitutiva de libertad contra Ricardo Estévez.

Juan Martín Echeverría hijo, abogado defensor, dijo que tienen un temor "bastante fundado" en que en la próxima audiencia se restrinja la libertad de sus defendidos.

Denunció que una de las cosas más graves del día de hoy luego de que el juez difiriera la audiencia, fue que no permitieron que hablaran los acusados.

Explicó que las la Constitución Nacional y las leyes establecen que los acusados pueden hablar en cualquier momento. "Increíblemente el juez al comenzar y declarar formalmente la apertura del juicio, nos dijo que los acusados podían intervenir en cualquier momento que ellos lo desearan. Cuando ellos manifestaron su deseo de intervernir él dijo que suspendía la audiencia", relató.

Echeverría denunció nuevamente la ilegalidad de establecer un tribunal unipersonal, sin escabinos. Además dijo que la Sala Seis de Apelaciones no ha podido decidir sobre el recurso introducido porque el tribunal no ha enviado el expediente del caso.

Explicó que solicitaron que el juicio sea registrado de forma audiovisual. Insistió en que la actividad de Súmate no solamente es legal, sino que está basada en derechos constitucionales.

María Corina Machado y Alejandro Plaz están imputados por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma política republicana que se ha dado a la Nación, previsto en el artículo 132 del Código Penal.

Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez enfrentan un proceso por la presunta comisión de complicidad no necesaria en el delito de conspiración para destruir la forma  política  republicana  que  se  ha  dado la Nación, previsto en el artículo 132 en concordancia con el 84, ordinal 3° del Código Penal. _NJM