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| CASO ANDERSON / Isaías Rodríguez niega que sea censura previa judicial
Fiscalía solicita prohibir críticas a Giovanni Vásquez

También se requirió la intervención de Conatel contra los medios audiovisuales

(Foto Vicente Correale)
EDGAR LOPEZ |  DIARIO
jueves 19 de enero de 2006  12:00 AM

EDGAR LOPEZ

EL UNIVERSAL

El Ministerio Público, a través de la fiscal superior del área metropolitana de Caracas, Belkis Agrinzones de Silva, solicitó al juez sexto de Control, Florencio Silano, "prohibir a todos los medios de comunicación (televisivos, radiales, escritos y afines) la publicación o exposición de las actas del expediente, con lo cual se adelanta, irregularmente, una campaña de descalificación de la sentencia condenatoria a los autores materiales del homicidio del fiscal Danilo Baltazar Anderson, así como de la investigación que existe contra los presuntos autores intelectuales". El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, hizo el anuncio y fue enfático al negar que se trate de un mecanismo de censura previa judicial: "Se trata de proteger a la justicia y evitar los abusos de la libertad de expresión", dijo. Ante el Tribunal Sexto de Control se argumentó que "durante los últimos meses, a través de algunos medios de comunicación se han difundido fragmentos textuales de las actas del expediente que se comparan con múltiples descalificaciones personales de testigos, mediante la imputación de supuestos hechos delictivos y toda clase de información y acontecimientos supuestamente graves, con el fin de, irregular e ilegalmente, pretender demostrar, a través de los medios de comunicación masiva, que no es cierto el contenido de las actas procesales debidamente evacuadas en los órganos jurisdiccionales, con el fin de sembrar dudas sobre la actuación de todos los órganos de justicia que han participado en la investigación y en el juicio". Isaías Rodríguez resumió la inquietud al señalar que la condena que imponen los medios de comunicación social puede ser más severa que la que imponen los tribunales. Con ello se estaba refiriendo a las dudas que han surgido sobre la credibilidad de Giovanni José Vásquez De Armas, quien ha sido el testigo fundamental para la sentencia condenatoria contra Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara, como autores materiales del crimen, así como para la acusación contra Nelson Mezerhane, Patricia Poleo, Eugenio Añez Núñez y Salvador Romaní Orue, como presuntos autores intelectuales. ¿Libertad o perversión? Según Rodríguez lo dicho sobre Vásquez De Armas corresponde a una campaña mediática que "pervierte la garantía constitucional de informar" y que constituyen "un supuesto de abuso de derecho y atacan directamente a la administración de justicia". El fiscal general comentó que fueron sus asesores (él no se habría dado cuenta, acotó) los que le advirtieron que la supuesta campaña mediática contra Vásquez De Armas podría constituir el delito de obstrucción de la justicia, establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "El que mediante violencia, intimidación o fraude impida u obstruya la ejecución de una actuación judicial o del Ministerio Público será sancionado con prisión de seis meses". Precisamente, dicha norma fue invocada para solicitar (este martes 17 de enero) a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) abrir un procedimiento administrativo. Además se invocó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la sentencia 1.942 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Isaías Rodríguez dijo que serían los fiscales Yoraco Bauza, Gilberto Landaeta, Hernando Contreras, Turcy Simancas y Sonia Buznego los que determinarían los medios de comunicación afectados por las eventuales medidas del juez Silano y de Conatel. Por lo pronto, el anuncio parece una espada de Damocles que podría involucrar a cualquier órgano de prensa y a cualquier periodista. El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de rectificación y respuesta, el cual se ha consolidado en la jurisprudencia internacional como el mecanismo idóneo para evitar excesos en la libertad de expresión, pero sin incurrir en censura previa. De hecho, el Ministerio Público ha tenido oportunidad de ejercer tal derecho a través de declaraciones, comunicados y notas de prensa. Sin embargo Isaías Rodríguez dijo que se optó por pedir la intervención de un tribunal penal "porque no es posible que quieran poner a las instituciones contra la pared".

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