EDUARDO CAMEL ANDERSON

EL UNIVERSAL

La apreciación corresponde al abogado Hernando Díaz Candia, socio y vocero del escritorio jurídico Squire, Sanders & Dempsey de Venezuela, quien en entrevista con este diario, indicó que, para optimizar la base de desempeño de la libre competencia en Venezuela, debe ser revisada la Ley de Promoción y Protección de la Libre Competencia, promulgada durante el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez.

Aunque son varios los puntos rescatables en una reforma, Díaz Candia rescató dos básicos: Otorgar mayor autonomía presupuestaria y mayor capacidad técnica al ente regulador, que en este caso es la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Procompetencia.

Hoy en día la Superintendencia tiene autonomía: Sus decisiones no son revisadas por el Ministerio de Industria y Comercio ni la presidencia de la República, pero son estos organismos los que adjudican el presupuesto.

La reforma que a los ojos del jurista conviene hacer implica que se realice una adjudicación directa de los recursos, vía Ley Paraguas, así como una ampliación del recurso técnico del que se dispone.

El ente, dijo, es "razonablemente técnico y dentro de lo que la gente le pueda criticar, es uno de los que mejor trabaja dentro de la Administración Pública".

Regular un mercado en donde el Estado quiere ser un actor importante, cuando no protagonista, es una labor sumamente compleja, según reconoció el experto.

Lado oficial
Se supone que, en principio, la norma busca promover la competencia en el mercado, entre privados. La incursión del Estado presupone la necesidad de incorporar nuevos límites a la interacción entre los actores: Un gobierno puede tener muchas prerrogativas y beneficios o preferencias, que favorezcan su desempeño en el campo, en detrimento de sus competidores.

"Es una labor delicada y necesaria. Se deben poner los límites, pero además respetar aquellos puntos que son de interés nacional, y que el Estado debe preservar, en beneficio de la población, como es el caso de la seguridad alimentaria, por ejemplo".

"No se puede tener todo el desarrollo del mercado que debería tener con una economía muy estatizada. Lo importante es que haya reglas claras para que este juego sea justo".

En países como Estados Unidos se han impuesto excepciones que consisten en un control más férreo en áreas estratégicas como el de telefonía básica, refirió.

Papel claro
Una renovación de la ley también ameritaría definir más claramente cuáles son las áreas de acción de Procompetencia. Hay puntos en los que la ley se solapa con otras instituciones, como son algunos casos puntuales, como el del Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI.

En esta ocasión la afirmación corresponde a Bernardo Weininger, también socio de Squire, Sanders & Dempsey, quien precisó que las fronteras deben delimitarse exactamente en el impacto de los casos a ventilarse.

Aquellos cuyo impacto trascienda el mercado, explicó, deberían tratarse en el ámbito de Procompetencia, mientras que los que se circunscriben a un ámbito más cerrado, corporativo, o personal, deben ser dilucidados exclusivamente en el SAPI. Esto no siempre pasa.

El reto
Revisar esta normativa, retoma Díaz Candia, "es complicada, porque interactúan en ella por un lado la economía y por el otro el Derecho, que lo que busca es que haya seguridad jurídica, visto eso como el que los hechos sean predecibles, que la gente sepa a qué atenerse, y esto tiende a que las cosas sean estáticas, mientras que la economía, por el contrario, es dinámica, y tiende a cambiar".

La legislación para la libre competencia nació en países como Estados Unidos, en donde son más importantes las decisiones de los tribunales, que las leyes que aprueba el Congreso de ese país.

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