EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
A finales de marzo próximo comenzarán a funcionar
los 16 tribunales Anticorrupción, según lo anunció
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora, a
su salida del acto de notificación de la instalación
de la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo, que se llevó
a cabo en el Salón de los Gobernadores del Palacio Blanco.
Mora dijo que se trata de una contribución concreta
del Poder Judicial a la lucha contra el mal uso de los fondos
públicos que ha proclamado el nuevo Parlamento como tarea
prioritaria.
La creación de estos nuevos juzgados (cinco de Control,
cinco de Juicio, cinco de Ejecución y una Corte de
Apelaciones, con sede en Caracas y Competencia Nacional)
fue acordada por resolución de la Sala Plena del TSJ,
el pasado 10 de agosto. El magistrado explicó que la
instalación y funcionamiento de los tribunales Anticorrupción
se han retrasado por las dificultades de disponer de una
sede adecuada. Además, se consideró preferible
que la designación de los nuevos jueces titulares y
suplentes se hiciera a partir de la lista de aspirantes
(4.000 aproximadamente) que se ha constituido a modo de
"reserva judicial" y no solamente por recomendaciones de
los magistrados del TSJ.
Según Mora, lo que está planteado es un problema
de Estado que amerita una efectiva cooperación entre
los órganos del Poder Público y, en ese sentido,
el Máximo Tribunal también pone a disposición
de la Asamblea Nacional personal especializado que pudiera
colaborar en la elaboración o modificación de
las leyes que sean necesarias para avanzar en el combate
de la corrupción.
Misiones bajo lupa
El contralor general de la República,
Clodosbaldo Russián, también estuvo presente
en el acto y dijo estar muy contento con el reconocimiento
de la necesidad de enfrentar la corrupción:
"Nosotros, desde el primer momento, hemos dicho
que necesitamos 27 millones de contralores; que
cada ciudadano sea un contralor y que las contralorías
sociales se expandan por todo el país, pero
como un voluntariado".
Russián lamentó que sólo existan
100 oficinas de atención al ciudadano (para
recibir denuncias sobre mal manejo de fondos públicos),
pues cada uno de los entes de la Administración
Pública nacional, estadal y municipal, debería
facilitar la vigilancia que deben ejercer los
ciudadanos. El contralor sugirió a la nueva
Asamblea Nacional emprender reformas a las leyes
del Poder Ciudadano, de la Contraloría General
de la República y del Ministerio Público,
a los efectos de desburocratizar los mecanismos
de combate a la corrupción.
Comentó que el despacho a su cargo ha
avanzado en la evaluación de los diversos
programas sociales promovidos por el Gobierno.
Sólo adelantó que se han detectado
algunas irregularidades en la administración
de fondos destinados a las llamadas misiones,
pero aclaró que ninguna de ellas podría
ser calificada como alarmante. Como es su costumbre,
Russián dijo que para conocer mayores detalles
habría que esperar la presentación
de su informe anual, en marzo próximo.
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